La abogada Luciana Gramaglio, con el acompañamiento del colectivo Ni Una Menos Tucumán, presentó una denuncia por violencia institucional contra el Ministerio Público Fiscal (MPF) en el marco de la investigación que recae sobre una testigo de la causa por abuso sexual que involucra a ex jugadores de Vélez Sarsfield. Durante una audiencia que sucedió en la mañana del 25 de noviembre, la abogada planteó que la imputación por falso testimonio avanza “sobre la base de irregularidades graves” y configura un “amedrentamiento incompatible con los estándares de protección para víctimas y testigos de violencia de género”.

Gramaglio expuso que el proceso iniciado contra la joven testigo no puede analizarse solamente desde un punto de vista penal, sino que “revela una práctica institucional regresiva que reproduce patrones de violencia estructural contra las mujeres y genera responsabilidad estatal, tanto a nivel local como internacional”.

La defensa cuestionó que se haya utilizado el delito de falso testimonio como respuesta a una declaración brindada en el contexto de una causa que investiga un posible abuso sexual grupal, sin juramento, sin la presencia de una autoridad competente y con violaciones a garantías constitucionales básicas. Tal accionar —advirtió— constituye una forma de amedrentamiento y revictimización que contradice la Ley 26.485 de violencia contra las mujeres, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Someter a una testigo de violencia sexual a un proceso penal por sus dichos, en clara violación de garantías, debilita la confianza en la justicia y envía un efecto disuasorio directo a otras mujeres que podrían recurrir al sistema”, planteó la denuncia.

La matriz de las “falsas denuncias”

La abogada señaló que este avance penal no es un hecho aislado: reproduce una lógica institucional que se nutre del discurso de las “falsas denuncias”, una narrativa históricamente utilizada para desacreditar testimonios de mujeres y desplazar el foco punitivo desde los agresores hacia las denunciantes o testigos.

En su presentación, Gramaglio advirtió que este tipo de discursos no solo niegan la violencia machista, sino que la habilitan. Recordó como ejemplo extremo el reciente doble femicidio en Córdoba cometido por Pablo Laurta, fundador de “Varones Unidos”, grupo que promueve la idea de que las mujeres mienten en sus denuncias por violencia. “Ese es el costo de estas narrativas. Pero lamentablemente esta causa también es otra expresión de lo mismo”, sostuvo.

De acuerdo a la denuncia, la investigación contra la testigo presenta “vicios estructurales desde el inicio” y una “grosera violación” de derechos consagrados en el artículo 18 de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Código Procesal Penal. 

Además, Gramaglio afirmó que la continuidad del proceso coloca al Estado tucumano “al borde de una responsabilidad internacional” por incumplir su deber reforzado de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género.

“La vida de las mujeres está en peligro. Permitir que esta imputación avance envía un mensaje alarmante: que quienes denuncian o acompañan procesos de violencia pueden terminar criminalizadas y perseguidas por los mismos agresores”, remarcó.

La causa por falso testimonio se inició a partir de una denuncia presentada por el futbolista José Ignacio Florentin Bobadilla, junto a sus abogados Florencia Abdala y Camilo Atim. Mientras la causa principal —que investiga los hechos de violencia sexual denunciados contra ex jugadores de Vélez— no avanza y acumula dilaciones, el Ministerio Público Fiscal impulsa con celeridad la imputación contra una de las testigos, la propia denunciante y sus abogados, basándose en una pericia digital ahora cuestionada por la defensa de la joven y en declaraciones tomadas sin las garantías correspondientes. Para la defensa, este contraste evidencia un uso selectivo y regresivo del sistema penal que desplaza el foco de los agresores hacia quienes se animan a declarar.