Seria el decimonoveno crédito stand-by pedido por Argentina en 60 años. El primero fue solicitado por el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu en 1958, mientras que el último lo pidió Eduardo Duhalde en 2003.
Argentina solicitará lo que se llama crédito stand-by al Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo este pedido, el desembolso de los recursos está sujeto al cumplimiento de ciertas condicionalidades, entre las que se prevén más ajuste en el gasto público, y paquete de reformas estructurales. Por el momento, sólo Irak, Jamaica y Kenia son los países del mundo que mantienen este tipo de acuerdos con la entidad financiera.
Estos préstamos -entre muchas opciones que brinda el Fondo, según las condiciones de cada país- permitirán a la Argentina solicitar un monto total de 19.700 millones de dólares.
“Cuando un país solicita un préstamo al FMI, acuerda ajustar sus políticas económicas para superar los problemas que lo llevaron a tener que pedir financiamiento”, detalla el organismo.
Una de las características del stand-by es que “todos los países miembros que enfrenten necesidades de financiamiento externo son elegibles para acceder”, pero siempre y cuando sea bajo “sujeción a las políticas del FMI”.
La información, publicada por el organismo internacional, aclara que “el avance en la implementación de las medidas estructurales que sean cruciales para lograr los objetivos del programa, se evalúa de manera integral, entre otras cosas, mediante parámetros de referencia en ámbitos de política clave”.
Sin embargo, el gobierno nacional alude que no va a haber condicionamientos, sino que por el contrario, habrá respaldo. El argumento va en línea con lo publicado por el FMI en su web: “El marco del acuerdo stand-by permite al FMI responder rápidamente a las necesidades de financiamiento externo de los países, y respaldar políticas que los ayuden a salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible”.
Cabe destacar que en caso de que todo avance, el préstamo podrá aprobarse recién en seis meses. Una vez ocurrido esto, será el decimonoveno crédito stand-by pedido por Argentina en 60 años. El primero fue solicitado por el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu en 1958, mientras que el último lo pidió Eduardo Duhalde en 2003.
Todos los solicitados hasta la fecha incluyeron combinaciones de las habituales condicionalidades previstas por el FMI: recorte del gasto público (salarios, salud, educación), ajuste monetario, apertura comercial, flexibilización laboral y reformas en los sistemas de la seguridad social.
Por último, una vez acordada entre el staff de técnicos del FMI y Argentina la magnitud y el recorrido que tendrán las reformas, se presentará un reporte ante el Directorio del organismo, que deberá dar el visto bueno para habilitar los desembolsos. Los mismos tendrán que devolverse luego de cinco años de haberse efectivizado cada préstamo.