Se trata de un compromiso que asumió el Estado argentino luego de reconocer su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial dado al caso de Olga Díaz, una sobreviviente de un intento de femicidio. Díaz denunció que no se habían adoptado medidas de protección de manera oportuna y efectiva para prevenir los hechos denunciados.
Este lunes, en el marco del Día internacional de las mujeres, el Consejo de la Magistratura aprobó la creación de un “Registro Público de Denuncias” presentadas contra magistrados y magistradas en causas de violencia de género para evaluar su desempeño.
Así, se registrarán denuncias por vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios, por inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales y por la obstaculización mediante retardo o impedimento en el acceso a la justicia”.
La medida fueron aprobada con dictamen unánime de las comisiones de Reglamento, cuya titular es la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, y de Disciplina y Acusación, presidida por el juez Ricardo Recondo.
En la sesión, también se trató la iniciativa para el otorgamiento de licencia médica por nacimiento y cuidados para personas gestantes y no gestantes en el Consejo. Y la iniciativa para realizar una auditoría en el Poder Judicial sobre las causas relacionadas con cuestiones de género.
Sobre el Registro Público de Denuncias
En el registro se incluirán los nombres de las y los magistrados denunciados por vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios, por inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales y por la obstaculización mediante retardo o impedimento en el acceso a la justicia.
En 2019, el Estado argentino asumió el compromiso de trabajar en una Justicia con perspectiva de género en en un acuerdo de solución amistosa firmado con una sobreviviente de un intento de femicidio, Olga del Rosario Díaz. Fue en el marco de una denuncia presentada por la Defensoría General de la Nación ante el Comité que monitorea la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
En este acuerdo, el Estado argentino reconoció su “responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial que le dio y que significó una vulneración de tratados internacionales que fijan el deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género“.
En este sentido, la consejera Vanesa Siley explicó que “hay muchas Olga Díaz, ella es un emblema porque sobrevivió a un intento de femicidio cuando fue apuñalada con su marido y sufrió violencia desde el 2002. Denunció a Palavecino violencia contra ella y sus hijas en el juzgado criminal y correccional 29 y reservado hasta 2017 donde sobreseen al agresor”. “Hubo inacción judicial y negligencia absoluta luego de 15 años de violencia y un intento de femicidio”, aseguró Siley sobre el caso de Olga Díaz.
Cabe mencionar que uno de los principales reclamos del movimiento feminista del 8M fue justamente la necesidad de respuestas concretas por parte del Poder Judicial. Los casos de Úrsula Bahillo, en Buenos Aires, quien había realizado 18 denuncias previas a su ex pareja, y el de Paola Tacacho, en Tucumán, quien llevaba cinco años realizando denuncias sin obtener respuestas, dejaron al desnudo la falta de perspectiva de género de jueces y fiscales para erradicar la violencia de género.
“Un paso importante en materia de género, en la búsqueda de transparentar actos y corregir conductas de funcionarios públicos en el Poder Judicial. Tomar medidas concretas, efectivas, para transformar a un Poder del Estado que repercute directamente en la vida de todas y todos“, celebró Siley.
