Un joven fue a la oficina del INADI de Tucumán a presentar una nota por una situación de discriminación y pedir asesoramiento. No lo pudieron atender por qué están sin servicio eléctrico por falta de pago. La boleta de EDET marca como fecha de vencimiento el 21 de noviembre, correspondiente a la gestión anterior de Ramiro Granado, delegado del INADI durante el macrismo, y tiene fecha de corte de suministro del 12 de diciembre.
Desde el 10 de diciembre, el cambio de gobierno nacional ventiló los aires que pesaban particularmente en los cuerpos disidentes. En el primer discurso que dio el presidente electo Alberto Fernández, habló específicamente de combatir la discriminación hacia el colectivo LGBT. La jerarquización de espacios claves para trabajar por los derechos de la diversidad parece ser un objetivo claro de la nueva gestión y por ello la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
En la última semana, se conoció la noticia que dos referentes de la comunidad LGBTI formaran parte de la gestión. Ornella Infante, miembro del movimiento Evita y ATTTA, estará a cargo de la Dirección de Políticas Antidiscriminatorias del INADI. Por otro lado, Alba Rueda, de Mujeres Trans Argentina fue nombrada subsecretaria de diversidad en nuevo ministerio a cargo de Elizabeth Gomez Alcorta.
¿Cuáles serán las apuestas a nivel provincial? ¿Irán o no en consonancia con lo que está pasando en el Estado Nacional?
En Tucumán, nada se sabe aún de cuál será la voluntad política en torno a la diversidad. Y lejos de estar circulando nombres de activistas y cargos de gestión, lo que circulan son malas noticias. La delegación provincial del Inadi está sin luz por falta de pago en la sede, y el Área de Diversidad de la Secretaría de Derechos Humanos se quedó sin referente en las últimas semanas, y no asumirá ninguna persona en su reemplazo, y no habrá ningún miembro de la comunidad LGBTI.
Ambas situaciones generan incertidumbre para pensar el acceso a la justicia y la respuesta ante las discriminaciones que vive la comunidad en una de las provincias más violentas para el colectivo LGBTI. Los transfemicidios y travesticidios suceden periódicamente, la violencia policial a las mujeres trans que están en las “zonas rojas” son noticias también frecuentes. Mensajes discriminatorios en los medios de comunicación de la provincia, discriminación en bares y boliches, palizas en los barrios, y un sinfín de prácticas del odio se despliegan en Tucumán, como probablemente pase en otras latitudes, pero con la gravedad de que aun teniendo un marco normativo y experiencias a nivel nacional de políticas públicas desde, con y para la diversidad, en nuestra provincia no se están replicando.
Hace poco menos de un mes, el legislador Ricardo Bussi de Fuerza Republicana realizó declaraciones discriminatorias sobre el colectivo trans, a raíz de un proyecto presentado en la Legislatura de cupo laboral para personas trans. Desconociendo la realidad que viven sobre todo las mujeres trans, arremetió contra el proyecto tildándolo de autoritario y discriminatorio para personas heterosexuales “por no incurrir en el travestisismo o fetiches eróticos análogos”.
En una provincia conservadora, donde las iglesias conservadoras tienen una gran presencia e injerencia en las políticas públicas, reforzar las instituciones estatales que fueron específicamente creadas para defender y bregar por los intereses de la comunidad LGBTI es una necesidad de primer orden para el Estado.
Por Milagro Mariona y Bruno Bazán
