Rafael Nahuel, un joven de 22 años, recibió un disparo de bala de plomo. Fue en el marco de un reclamo de la comunidad mapuche por un territorio junto al Lago Mascardi, de donde habían sido violentamente desalojados el jueves.
El jueves pasado, la Policía Federal encabezó un operativo ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva, donde actuaron unos 170 efectivos de esa fuerza que ingresaron a la zona de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, jurisdicción de Parques Nacionales, con el apoyo de Prefectura y Gendarmería Nacional, para desalojar al lof Lafken Winkul Mapu. En el allanamiento, no se encontraron armas, en contraposición a lo asegurado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
El sábado, fuerzas federales recorrían la zona alta de la montaña en busca de los integrantes de la comunidad que huyeron en el desalojo del jueves. Mientras los uniformados avanzaban sobre el bosque, unos diez mapuches comenzaron a arrojar piedras y palos para evitar que los atrapen. Los uniformados respondieron con sus armas, hiriendo a Rafael Nahuel. La bala subió por su cuerpo y afectó órganos vitales, provocándole la muerte.
Otras dos personas sufrieron disparos en el pecho y en el hombro, pero se encontraban fuera de peligro. Durante el procedimiento hubo dos detenidos.
Las tierras ocupadas se encuentran ubicadas en Villa Mascardi, en jurisdicción de Parques Nacionales. En el desalojo del jueves, fuerzas federales desalojaron a la comunidad del lugar y detuvieron a mujeres con sus hijos. Algunos lograron escapar hacia la montaña y por esto Prefectura inició el operativo este sábado, con la intensión de capturarlos.
Todo esto fue concretado a solo dos días de que, a través del decreto 950/2017, el Poder Ejecutivo promulgara la ley 26.160 que suspende por cuatro años los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias, hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluya el relevamiento de territorios de esas comunidades.
Este lunes por la mañana el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindaron una conferencia de prensa en la que se refirieron a la muerte de Rafael Nahuel, el activista de 22 años que murió a causa de un disparo de bala de plomo que recibió durante la represión de Prefectura Naval a una protesta mapuche.
“Le damos el caracter de verdad a la versión de la Prefectura. No necesitamos pruebas”, dijo la ministra Bullrich en la que fue sin duda la declaración más fuerte, surgida cuando le preguntaron si se había confirmado que los manifestantes tenían armas de fuego que justifiquen la represión. “El juez necesita elementos probatorios, nosotros no” dijo.
Bullrich justificó el accionar de las fuerzas federales diciendo que el RAM “es un grupo que está fuera de la ley, que intenta tomar un territorio e imponer una ley distinta a la que tienen todos los argentinos” y agregó que “no habrá diálogo alguno con ningún grupo violento, que no respetan la ley”.
Quienes conocían al jóven se expresaron a través de las redes sociales y en diferentes medio de comunicación para negar los dichos de la Ministra, ya que Rafael Nahuel no pertenecía a la RAM. No era militante mapuche, estaba en Villa Mascardi para acompañar a algunos familiares en la comunidad desalojada.
Mientras que el Gobierno Nacional alimenta la teoría del enfrentamiento para dar cuenta de los sucesos, la APDH y miembros de la comunidad Lafken Wuinkuñ Mapu, aseguran que no estaban armados, que respondieron con piedras y que los prefectos “los corrieron a tiros”.
