Está imputado por enriquecimiento ilícito. Su primera condena es de 2014 por maniobras con títulos públicos.
Hoy comienza el juicio al el ex juez federal Felipe Terán en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF). Se trata del segundo juicio al que se debe enfrentar el ex magistrado. El Tribunal estará integrado por los magistrados Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga en reemplazo a Carlos Enrique Jiménez Montilla, quién se excusó.
El ex magistrado se encuentra acusado de haber registrado un incremento patrimonial injustificado entre 1999 y 2005, período durante el cual se encontraba al frente del Juzgado Federal n°2 de Tucumán. En la etapa de instrucción intervino el fiscal federal Carlos Brito, y ya en la etapa de juicio, el fiscal federal Pablo Camuña.
La pena que prevé el Código Penal en este caso es de dos a seis años de prisión y una multa de entre el 50 y el 100% del monto del incremento patrimonial injustificado.
Terán es el primer acusado de posible enriquecimiento ilícito acusado en la provincia. La investigación que involucra al ex funcionario público comenzó en 2003, y el inicio del juicio oral fue postergado por distintos motivos desde el año pasado.
En la preparación del juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal contó con el aporte técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. La dependencia a cargo de Judith König realizó un análisis contable sobre la situación patrimonial del imputado, además de actuar como perito de parte del MPF ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los análisis contables realizados en el expediente señalan que en 1999 el patrimonio de Terán estaba compuesto por $101.297 pesos en concepto de ingresos, $193.552 como la suma de bienes -dos departamentos, una casa, dos automotores y dos créditos del Banco Hipotecario-. Seis años más tarde, la cantidad de inmuebles ascendía a seis, y poseía entre sus bienes dos autos de alta gama y un patrimonio neto de $1.384.930 pesos. “Se advierte que de la sumatoria de sus recursos anuales disponibles por el período 1999 a 2005, ascienden a Pesos Cuatrocientos Cuarenta y cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 83/100 ($ 444.881,83.-), mientras que el incremento patrimonial determinado es de Pesos Un Millón Trescientos Diecinueve Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 29/100 ($1.319.642,29.-), es decir que Felipe Federico Terán cuando se desempeñaba como Juez Federal obtuvo un incremento patrimonial apreciable, consistente en la suma de pesos ochocientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta con 46/100 ($874.760,46), no justificado al ser debidamente requerido en la audiencia instrumentada en fecha 04/05/2.010”, consigna el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Brito.
Siete peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de la Defensoría General de la Nación llegaron a la conclusión unánime de que el patrimonio del ex juez federal tuvo aumentos injustificados durante el período 1999-2005.
La auditoría tuvo como conclusión la destitución de Terán y la renuncia de Jorge Parache, el otro juez.
El mayor salto de ingresos injustificados se dio entre 2003 y 2004, según la peritación practicada por los contadores Oscar Fernández, Rubén Miguel Pappacena y Abel Guillermo Britos (por la Corte de la Nación); Aída Judith König, Nicolás Scher y Gloria Raquel Acevedo Villalba (por el Ministerio Público), y Ana Celina Attademo (por la Defensoría General). El informe indica que Terán tuvo ingresos injustificados por $1.614 en 2003: al cierre del ejercicio siguiente, ese monto ascendió a $257.000.
En el período 1999-2005, Terán adquirió cinco inmuebles, y dos vehículos (un Mercedes Benz C250 y una camioneta Toyota Hilux), y vendió una propiedad en Buenos aires y dos autos (un Renault Twingo y otra camioneta Toyota). Su familia vivía de los salarios del juez y de la jubilación de su esposa, Luisa Chiarello.
El 22 de marzo de 2010, la justicia citó a Terán para que, en una audiencia pautada para el 5 de mayo de ese mismo año, justificara la discordancia existente entre sus recursos anuales y su incremento patrimonial. El propio ex magistrado recibió la notificación en su domicilio, pero en el día de la audiencia presentó un pedido que fue rechazado y no se presentó a la justicia.
En una posterior declaración indagatoria, Terán sólo agregó que “no estando dadas las garantías necesarias para la declaración y negando a la vez todos los hechos que se me imputan y no estando los elementos total y absolutamente discriminatorios para efectuar una declaración acorde, me abstengo de continuar declarando”.
Por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, se dispuso confirmar el procesamiento de Felipe Terán por resultar presunto autor responsable del delito de enriquecimiento ilícito con posterioridad a la asunción de su cargo como funcionario público.
En julio de 2010, un jury de enjuiciamiento destituyó al magistrado por mal desempeño de sus funciones, al considerar acreditadas las acusaciones en su contra relacionadas al pago indebido de títulos en default a través del dictado de medidas cautelares (en las causas por el llamado “corralito”).
Primera condena
En octubre de 2014, el TOCF de Tucumán condenó a Terán –y a dos abogados- a tres años de prisión por el delito de falsificación de documentos, en el marco de una causa por maniobras con títulos públicos mediante las que se habrían buscado defraudar al Estado por decenas de millones de dólares.
El ex magistrado destituido por mal desempeño y luego condenado por maniobras con títulos públicos -mediante un fallo que aún no está firme- será el primer funcionario de la provincia de Tucumán juzgado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
El ex juez federal tuvo su última palabra en la que se expresó inocente y manifestó: “A alguien le toqué los talones con mi denuncia”.
