Tras seis años de espera, arrancó el proceso de jury a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes integraron el tribunal responsable del primer fallo por el femicidio de Lucía Pérez. Un jurado liderado por Daniel Fernando Soria, presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, junto a ocho conjueces y legisladores, evaluará si los magistrados de Mar del Plata incurrieron en “negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y parcialidad manifiesta”.
El recuerdo del femicidio de Lucía Pérez dejó una marca profunda en el camino de la lucha por erradicar las violencias de género en Argentina. El 19 de octubre de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se realizó por primera vez y en todo el país el Paro de Mujeres. Una respuesta colectiva e inmediata al conocer que la adolescente de 16 años había sido brutalmente asesinada en la ciudad de Mar Del Plata y comprendiendo que las condiciones económicas, sociales y laborales precarias colocaban a las mujeres y LGBTIQ en mayor riesgo ante las violencias machistas.
Dos años más tarde, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, compuesto por Gómez Urso, Viñas y Aldo Carnevale, dictó una sentencia que absolvió a Matías Farías (25 años) y Juan Offidani (43 años) de los delitos de abuso sexual y femicidio, considerándolos únicamente culpables de tenencia de drogas para la venta. Este fallo fue apelado y causó una fuerte sensación de indignación social.
La Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, en 2020, desestimó el fallo inicial del tribunal marplatense, argumentando que estaba “basado en intolerables prejuicios y suposiciones fundadas en estereotipos de género.” Además ordenó la realización de un nuevo juicio oral, decisión que fue convalidada por la Corte Suprema bonaerense. Fue en 2023, cuando finalmente fueron condenados Farias y Offideni. El primero por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida en concurso ideal con femicidio”, recibió la pena de prisión perpetua. Mientras que Offidiani fue condenado “partícipe secundario penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes”, por lo que recibió una pena de ocho años, que resultaba de 15 años sumando la anterior condena.
Este lunes 11 de noviembre, en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense,
estuvieron nuevamente frente a frente la familia de Lucia y los jueces que, de acuerdo a la acusación, intentaron dejar impune el femicidio de la joven. La Comisión encargada de este juicio político está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, y conformada por senadores Gustavo Soos, Gabriela Demaría y Ariel Martínez Bordaisco y las diputadas Maité Milagros Alvado y Susana Haydee González.
En su apertura, el fiscal Marcelo Lapargo destacó el carácter excepcional del juicio político contra los jueces Gómez Urso y Viñas, dado el grave incumplimiento de las normativas de derechos humanos y de protección a la niñez y contra la violencia de género, vigentes algunas desde hace 45 años. Señaló que incluso la “Guía de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género” de la Corte Suprema establece este caso como paradigmático. El fiscal subrayó que este juicio no compromete la independencia judicial, ya que evaluar la conducta de los jueces en el cumplimiento de la ley es esencial. “Buena conducta es cumplir la ley”, afirmó, y señaló que los jueces desestimaron la tutela legal de Lucía Pérez basándose en su personalidad y vida privada, calificándolo de una “visión primitiva” alejada del respeto a sus derechos.
“En ese primer juicio para la familia fue muy doloroso, fue una tortura”, recuerda Guillermo Enrique Pérez, padre de Lucía que fue el primer testigo. Para la parte acusadora, en el primer debate oral los magistrados revictimizaron a Lucía Pérez y su familia. “Veíamos cómo se volvían a vulnerar los derechos de mi hija por la forma en que se expresaban sobre ella y el tribunal lo dejaba pasar. Cuando el fiscal preguntaba lo condicionaban. Durante la audiencia en la que se mostraba la autopsia dejaron que personas ajenas a las partes estuvieran con celulares mientras se mostraba las partes íntimas de mi hija. Hubo maltrato a los testigos, no dejaron que explayarse el biserologo”, relató Pérez frente al jurado.
Además, Guillermo Pérez relató cómo después de la sentencia absolutoria, él, su esposa y su hijo se encontraron con el desamparó como consecuencias de la falta de Justicia. “Sin Lucía, con la familia destruida, sin trabajo y sin recursos, nos encontramos más vulnerables”, expresó el padre de Lucía.
Los jueces actualmente investigados desestimaron el abuso sexual invocando la supuesta “fuerza de carácter” de Lucía, un argumento duramente criticado en el proceso del jury por Marta Silvia Montero, madre de la joven, quien señaló que se basaron en estereotipos de género y en la exposición de conversaciones privadas de su hija adolescente con amigas. “Revictimizaron y culparon a la víctima. Convirtieron a Lucía en la responsable de su propia muerte. Para estos jueces, ella pasó a ser la victimaria y los acusados, las víctimas”, expresó Marta.
Según su testimonio, los jueces juzgaron a Lucía por no cumplir con un supuesto “perfil de la mujer violada”, basándose en discusiones familiares y en sus mensajes de redes sociales, sin considerar que se trataba de una adolescente. En cambio, a los acusados les dieron un trato diferente. “Alegaron que no cumplían con el perfil de violadores porque supuestamente habían comprado unas facturas y una leche”, señaló la madre de Lucía sobre las consideraciones de los jueces.
Marta concluyó con un mensaje contundente: “Espero que puedan escuchar a estos padres. Ustedes son parte de las leyes que tenemos y que fueron vulneradas. Desde mi humildad, pido justicia por mi hija y por tantas otras hijas, y que jueces como estos no puedan dictar más sentencias de este tipo. Ojalá se den cuenta del daño que hicieron con esa sentencia. Una familia ha pagado este costo durante seis años, y nos ha destrozado. ¿Es justo que tengamos que pasar por esto? Estamos en total desigualdad frente al poder judicial. Lo que tienes se te va en abogados, copias, viajes… una familia no merece pasar por esto. El Estado debería cuidar a las familias; ustedes, jueces y legisladores, deberían protegernos, no hacernos vivir lo que nos hicieron estos tres jueces”.
Luego le siguieron los testimonios de Gustavo Melmann, papá de Natalia, víctima de abuso y femicidio a sus 14 años; Laureana Malacalza, en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Fernando Fernandez y Alejandro Agote, trabajadores judiciales entre otros. Todos referidos a la mala conducta de los jueces, que ya contaban con antecedentes de maltrato. Al respecto Natalia Gauna, explicó incluso cómo sonreían mientras se describían las vejaciones a las que Lucía Pérez había sido sometida.
Por su parte, María Elena Naddeo, Secretaria General de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ex legisladora, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs, explicó que en el caso de Lucía se produce una intersección de la discriminación por ser mujer y por ser adolescentes, “es lo que vemos que no se tuvo en cuenta”. Agregó: “La sentencia fue absolutamente parcial, cargada de un espíritu contrario a los derechos de la infancia, con la tendencia a negar el abuso sexual en la infancia, como una tendencia conservadora a negar los delitos sexuales más aberrantes contra la infancia”.
En la segunda jornada continuarán los testimonios por parte de la defensa de los jueces Goméz Urso y Viñas. La cual se encuentra a cargo de la abogada Patricia Parelló, quien es parte de los sectores que señalan una pandemia de supuestas falsas denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia y madres protectoras de infancias víctimas de abusos. Además se esperan los alegatos de las partes. El veredicto está previsto cinco días hábiles posteriores.
