Luego de que se conociera la denuncia del juez Pedicone sobre irregularidades en la causa que tiene como acusado al legislador Ricardo Bussi, desde la Mesa contra los Abusos del Poder Político convocaron a una acción virtual.
“La vida de una mujer y sus dos hijas están en riesgo”, comienza el comunicado que publicaron desde la Mesa contra los Abusos del Poder Político de Tucumán, que se conformó, con más de 60 organizaciones, para unificar las acciones contra la impunidad en las causas de delitos sexuales que implican a funcionarios públicos.
La frase hace referencia al riesgo que corre “Lupe”, la joven que denunció al legislador Ricardo Bussi por abuso sexual y robo de identidad. Desde que radicó la denuncia, habría recibido reiteradas amenazas que buscarían acallarla como consta en la causa judicial.
Por eso desde las organizaciones temen que el retraso y las maniobras políticas de la causa ponga en riesgo la vida de la mujer.
Este viernes a las 10hs convocan a un “cartelazo virtual” para visibilizar el caso, luego de que se conociera hechos que pondrían en duda la independencia de la Justicia para abordarlo.
La causa se agrava aún más. Este miércoles se conoció una denuncia penal que radicó el juez de Impugnaciones, Enrique Pedicone, acusando al vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Daniel Leiva, por intentar interferir en la causa que tiene como acusado al legislador de Fuerza Republicana Ricardo Bussi, supuestamente pedido del gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo.
En el escrito, las organizaciones denuncian que “la complicidad del oficialismo y el Poder Judicial para dejar impune la causa por abuso sexual y robo de identidad quedó al descubierto”.
Desde la Mesa, compuesta por el colectivo Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres, volvieron a exigir el desafuero de Bussi. “Queda claro que hay un operativo de protección y encubrimiento al hijo del genocida orquestado por el gobierno y jueces que buscan que la causa quede cajoneada. Por los fueros del legislador, la jueza actuante debe solicitar el desafuero en un plazo de 60 días para poder imputarlo y avanzar en la investigación. En caso contrario la causa queda suspendida hasta que pierda los fueros”, explicaron.
