El desalojo de las 200 familias en el predio de Villa Muñecas es una muestra más de las faltas de respuestas del Estado a las demandas y vulneraciones de derechos de sectores de la población en situación de vulnerabilidad en nuestra ciudad.
Desde Andhes observamos con preocupación las respuestas estatales que se vienen dando a los sectores más oprimidos de la población: no se actuó con debida diligencia en el caso Abigail, las fuerzas de seguridad reprimieron a vecinos/as, no previno la ola de violencia que se generó posteriormente, y ahora actúa ejecutando un desalojo a través de una cantidad desmedida de efectivos policiales.
“El caso de Abigail pone sobre la mesa las complejas relaciones que se plasman en la ciudad. Estas respuestas violentas y poco conciliadoras del Estado a las demandas de las personas que viven o se asentaron en el predio, refleja que no cuenta con políticas integrales en torno a los derechos sociales y entre esos el derecho a una vivienda digna”, consideró Belén Leguizamón, coordinadora del área de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) de Andhes.
La situación actual de pobreza y marginalidad, multiplicadas por un contexto de pandemia mundial, revela que no existen políticas públicas en materia de vivienda. Muchas familias encuentran como única solución a su problema habitacional la ocupación de tierras, privadas o fiscales, dada la inexistencia o imposibilidad de transitar por mecanismos legales.
En Tucumán, según un relevamiento del Instituto Provincial de la Vivienda y del Registro Nacional de Barrios Populares del 2016 hay más de 300 asentamientos informales que requieren respuestas integrales para garantizar el acceso a una vivienda digna. El Estado debe reforzar acciones positivas que tengan como fin achicar las brechas de desigualdad para garantizar el acceso a derechos sociales en general (salud, educación, vivienda,alimentación, trabajo etc) y no recurrir a mecanismos como los desalojos para reforzar la situación de vulnerabilidad y desigualdad.
Para la organización de derechos humanos, “el acceso a la vivienda digna no debe ser interpretado de una manera restrictiva o aislada, no significa solamente un techo donde vivir sino que se interrelaciona con otros derechos humanos. Por lo tanto su interpretación tiene que ser en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todes, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos”.
En este sentido, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas considera que una vivienda adecuada está constituida por una serie de elementos que deben ser tenidos en cuenta en cualquier contexto. Entre esos aspectos figuran los siguientes: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar adecuado y adecuación cultural. Además en un contexto de pandemia se refuerza las obligaciones de Estado en cuanto a su accesibilidad.
El entramado social y político tan complejo que nos ha horrorizado a partir del caso Abigail nos permite pensar que la ocupación de estas tierras es un reclamo urgente también de seguridad para el barrio y la comunidad. Que el cuerpo de Abigail sea encontrado en ese lugar nos hace pensar que no es cualquier espacio y que para la comunidad tiene un valor simbólico incalculable. Los vecinos, las mujeres, las niñas, las comunidades en situación de vulnerabilidad e invisibilidad, se vuelven visibles para los desalojos y la represión del Estado.
“Entendiendo a la seguridad desde una perspectiva amplia y de derechos humanos, sabemos que el cuidado, protección y desarrollo de estos espacios en la ciudad es fundamental para una política pública e integral de prevención en materia de la violencia”, concluyó Ginés Aráez, coordinador del área de Seguridad y Derechos Humanos de Andhes.
