Durante la 13º audiencia de debate por la despenalización y legalización del aborto, estuvo presente Andrea González, docente y comunicadora, de Socorro Rosa Comarca Andina y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Mi nombre es Andrea Laura González. Soy docente. Trabajo en un Instituto de Formación Docente en El Bolsón (Río Negro). Soy también comunicadora popular feminista en una radio comunitaria, Fm Alas. Pero por sobre todo vengo aquí desde mi pertenencia al Socorro Rosa Comarca Andina, que forma parte de Socorristas en red, en la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estoy aquí para dar cuenta de la experiencia transitada acompañando a mujeres a abortar, para mostrar cuáles son las limitaciones y los obstáculos de lo que significa mantener la legalidad del aborto por causales.
La Comarca Andina, lugar en el que vivo y trabajo hace 27 años, reúne localidades de la cordillera de Río Negro y Chubut. Dos provincias que tienen leyes propias, la 4796/12 y la ley XV N° 4/10, respectivamente, en consonancia con el fallo FAL, y que tienen por objeto la regulación y el control de la atención sanitaria en casos de abortos no punibles. A pesar de contar con ellas, no alcanzan para contemplar las situaciones que se presentan respecto del derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con capacidad de gestar.
Como formadora de formadores hablamos de aborto en mis clases; enseño que el aborto es un contenido de enseñanza: la problemática del aborto (como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural y jurídica, etc.), tal como lo indican los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral aprobados en 2008, en su página 33. Enseño que la ILE es un derecho en nuestro país, convencida de que así lo es, pero convencida también de que el acceso a éste no es posible para todos los casos o todas las niñas, jóvenes o mujeres que así lo requieran. Por eso como socorristas hemos diseñado una pedagogía de saberes colectivos, acompañamientos, redes, viajes y traslados, para estirar este derecho. Porque no alcanza.
Y nos dimos cuenta que no alcanzaba cuando, antes del fallo FAL, en el año 2010, una joven de 17 años solicitó un aborto no punible denunciando haber sido violada en reiteradas ocasiones por su padrastro y su tío. El servicio de ginecología del Hospital de El Bolsón de ese entonces se declaró-en su totalidad- como “objetor de conciencia” y se judicializó la práctica. En este caso, procedimientos y protocolos institucionales no fueron puestos a disposición inhibiendo posibilidades concretas de atención pertinente y acceso a este derecho. El juez que autorizó la práctica para posibilitar y acelerar su resolución, ratificó en su fallo lo innecesario de la intervención judicial. Y una vez resuelta, la Defensoría (en representación del naciturus y no de la joven) pidió la nulidad de la sentencia del juez. La Cámara le hizo lugar, y giró la “nulidad” al hospital de Bariloche –encargado de resolver el aborto no punible- como medida aleccionadora. Esta situación finalmente dio origen al fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que resolvió a favor de lo actuado por el juez Martín Lozada.
Luego del fallo FAL y el Protocolo ILE de 2015, tampoco alcanzaban. Nos dimos cuenta cuando nos encontramos con Juana, vamos a llamarla así, quien llamó a la línea telefónica de la comarca para pedir información cuidada y segura. En el encuentro cara a cara con Juana, una mujer policía, le informamos entre otras cosas que tenía derecho a una ILE. Juana nos dijo: será para otras, no es una posibilidad para mí. Apenas ponga un pie para solicitar un aborto en el Hospital, que queda al lado de la Comisaría, me quedo sin trabajo al otro día. Una ingeniería de viajes y cuidados hicieron falta para que Juana pudiera abortar y no fuera expulsada de la fuerza. Porque sí, todes los sabemos, las mujeres policías también abortan en este país.
Y lo supimos aún más cuando el sábado 20 de Mayo de 2017 una mujer de Rosario, escribió en nuestro Facebook, pidiendo ayuda y acompañamiento para su hija de 17 años, y su nieta de 6 meses, viviendo en Bolsón. Al comunicarnos con ella, la muchacha ya había concurrido al Hospital, derivada desde un centro de salud. La ecografía realizada indicaba 20,5 semanas. Los servicios de Trabajo Social y Salud Mental del Hospital comenzaron a averiguar dónde, cómo, y quién resolvería la derivación para realizar la práctica. Por la cantidad de semanas de gestación el Ministerio de Salud de la provincia solicitó, según el Director del hospital, un “informe de especialista”. Ante la inminente obstaculización realizamos la denuncia ante el Servicio de protección de derechos y asistimos con la abogada del Servicio al Hospital. La médica encargada de este informe, abrió un carnet de control de embarazo, le hizo escuchar los latidos y le sugirió a la joven que “aguante un poco más” y lo dé en adopción, entre otros dichos torturantes para la situación.
Sin ninguna respuesta favorable, y ante la violencia obstétrica e institucional recibida nos comunicamos con la Red de Profesionales por el derecho a decidir, y es el Hospital de Esquel quien termina resolviendo la ILE. El traslado se realiza con la camioneta del Servicio de Protección de Derechos, ante la negativa de una ambulancia del Hospital que aduce no poder realizar derivaciones entre provincias. La situación da cuenta del cúmulo de violencias que tuvo que atravesar la joven para poder hacer uso de este derecho, sumadas a las que ya transitaba. Esta adolescente es madre a cargo de una hija, no estaba escolarizada desde hacía más de dos años, su pareja se había suicidado hacia muy poco tiempo, no tenía sustento propio para ella y su hija de 6 meses, ni domicilio, ni trabajo. Es decir, a la ausencia del Estado para garantizar su supervivencia y la de su hija se sumó la negación de la ILE poniendo en riesgo su vida. Hicimos y acompañamos las denuncias a los organismos correspondientes, que constan en la actual Secretaría de Estado, Niñez, Adolescencia y Familia de El Bolsón, sin respuesta aún salvo por parte de la oficina de género del poder Judicial de la provincia.
Por eso necesitamos la legalización y despenalización de la práctica.
En este país PARIR es un DERECHO, abortar también debe serlo. Para nosotras ya lo está siendo gracias a las redes que hemos sabido tejer. Y esto, no tiene vuelta atrás.
Tenemos una ley de parto respetado, queremos una ley que respete nuestros abortos. Porque hemos sabido construir y compartir el derecho a la desobediencia como Contrapedagogía de la crueldad, como nos lo enseñó la antropóloga Rita Segato en nuestra 6ta Plenaria Nacional.
Recuperamos colectivamente ese derecho expropiado por el Estado, interpelando las hegemonías médicas y disputando sentidos a la narrativa estatal y su reglamentación.
Las complicidades tejidas entre nosotras nos salvan y nos apoderan. En cada acompañamiento conjuramos el poder de sentirnos libres
Nosotras acompañamos la intemperie de la clandestinidad.
Les pedimos a Uds., diputadas y diputados, que legislen para que el Estado deje de producir esa intemperie. Tienen esa oportunidad.
