El Jurado de Enjuiciamiento bonaerense absolvió a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, acusados de incumplimiento de sus deberes, parcialidad manifiesta y negligencia cuando liberaron de responsabilidad a los acusados por el femicidio de Lucía Pérez. La decisión permite a los magistrados regresar a sus cargos y levantar el embargo del 40% de sus sueldos que regía desde el año 2021.
La familia de Lucía expresó indignación ante el fallo del juicio político, considerándolo un ejemplo más de “una justicia misógina, machista y patriarcal“. Guillermo Pérez, padre de la joven, afirmó: “Hace más de 8 años que buscamos justicia, y esto solo remarca la impunidad del Poder Judicial”. Además, recordó que que estos jueces del Tribunal Oral N° 1 de Mar del Plata, en el 2018, habían culpabilizado y revictimizado a su hija en su sentencia, una postura que, según él, se reafirma con esta resolución.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que acompaña a la familia, se cuestionó duramente la decisión. En un comunicado, señalaron que el fallo evidencia la ausencia de perspectiva de género en el Poder Judicial y el desconocimiento de tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, exigieron una reforma judicial profunda que garantice el apego de los magistrados a normativas que protejan los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.
El juicio político comenzó el 11 de noviembre pasado, encabezado por el presidente de la Suprema Corte, Daniel Fernando Soria. Además integraban el Jury el abogado Lisandro Benito, el abogado Guillermo Sagues, la senadora Gabriela Demaría, los abogados Ramiro Alonso López, Carlos Valdez y Diana Fiorini, y los senadores Ariel Martínez Bordaisco y Gustavo Soos. Todos ellos de la Provincia de Buenos Aires.
Este cuerpo decidió absolver a los jueces Gómez Urso y Viñas de las acusaciones de mal desempeño en el juicio por el femicidio de Lucía Pérez, señalando que “los errores o enfoques inadecuados pueden ser corregidos a través de las vías recursivas correspondientes”.
Sin embargo, los testimonios y el análisis del proceso han resaltado graves falencias en el tratamiento del caso. Entre los puntos más cuestionados por la acusación se encuentra la falta de perspectiva de género en la sentencia. Según se destacó, los magistrados incurrieron en estereotipos que “estigmatizaron a la víctima, minimizando el contexto de violencia de género”. En la cuestionada sentencia de Gómez Urso y Viñas, se basaron en prejuicios sobre la personalidad y conducta de Lucía para justificar el consentimiento, afirmando que era “una mujer fuerte, no fácilmente sometida”, sin considerar los parámetros establecidos por tratados internacionales.
La acusación también subrayó el desconocimiento de normativas internacionales y nacionales, como la Convención de Belem do Pará y la Ley 26.485. “No puede ignorarse el marco legal que obliga a juzgar con perspectiva de género“, sostuvo Laurana Malacalza, testigo en el juicio y experta en la temática, quien resaltó que la sentencia estuvo cargada de estereotipos y desprovista de un análisis adecuado del caso.
Otro aspecto controvertido fue el trato hacia testigos y familiares durante el juicio. Marta Montero, madre de Lucía, relató que la declaración de Malacalza fue continuamente descalificada: “Los jueces le preguntaron por qué hablaba de desigualdad si habíamos tenido una presidenta mujer. Fue ninguneada en todo momento“.
Finalmente, se cuestionó el carácter revictimizante del “ateneo médico”, en el que se proyectaron imágenes de la autopsia de Lucía de forma considerada humillante. La testigo Alejandra Gauna recordó: “Se hizo un análisis innecesario sobre detalles del cuerpo, con comentarios que generaron incomodidad y vergüenza“.
Pese a estas observaciones, el Jurado de Enjuiciamiento determinó que estos errores no configuraban un mal desempeño extremo ni una conducta que justificara la destitución de los magistrados Gómez Urso y Viñas. También recomendó a la Corte Suprema provincial fortalecer las capacitaciones en perspectiva de género y evaluar alternativas disciplinarias más proporcionales en futuros casos.
Para las organizaciones feministas y derechos humanos esta resolución del Jury reaviva el debate sobre la necesidad de cambios estructurales en el sistema judicial para garantizar una administración de justicia con enfoque de género y respeto a los derechos humanos.
