El 2 de septiembre se cumplió un año del incendio de la Brigada Femenina de Concepción que se cobró la vida de cuatro jóvenes que se encontraban alojadas allí. Rocío Micaela Mendoza, Yanet Yaqueline Squilán, María José Saravia y Macarena Salina murieron por asfixia dentro de una celda cerrada con candado. El hecho expuso una vez más, las condiciones de hacinamiento que se vive en las cárceles tucumanas y la vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.
La investigación de lo que sucedió aquella tarde está a cargo del fiscal Miguel Varela, del Centro Judicial de Concepción. Hasta el momento no se realizó ninguna imputación. Familiares de las víctimas esperan que en los próximos días se realice la audiencia de formulación de cargos donde se acusará a las policias Sandra Rivarola, Susana Rodríguez y Margarita Gutiérrez, y a la jefa de la Brigada, Fernanda Lazarte, de abandono de personas, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos apremios ilegales por los tratos que recibían las jóvenes.
Las familias se mantienen activas en la búsqueda de Justicia. Victoria Santana, madre de Micaela, peregrina por los tribunales hace 378 días, esperando respuestas y que se imputen a las oficiales. Está representada por el abogado Jorge Muñoz.
Desde Andhes, Emilio Guagnini, lleva adelante la querella de la familia de Macarena Salinas. “Entendemos que hay holgados elementos incorporados a la causa que acreditan responsabilidades estatales por el hecho. Por lo que esperamos que lo antes posible se haga una formulación de cargos por las severidades acreditadas en la causa que recibían las chicas en forma previa al hecho, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, tanto de las guardias que cumplían funciones ese día como de la jefa de la guardia “, explicó el letrado a La Nota.
Por otro lado, apuntó que “independientemente de las particularidades del caso, nos parece importante destacar que más allá de la apremiante situación edilicia de los establecimientos carcelarios y de las comisarías que vive la provincia desde hace años, es imperioso trabajar en la capacitación de los recursos humanos destinados a esos lugares y arbitrar medios adecuados para controlar lo que ocurre diariamente en esos lugares. Indudablemente hay que abordar el problema estructural, pero también debemos saber que las personas a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad tienen responsabilidad en lo que les sucede mientras están a su cargo y son quienes deben velar por el cumplimiento de sus derechos”.
La causa también está siendo monitoreada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Al cumplirse un año del hecho, Gustavo Palmieri, comisionado del organismo, explicó que “una vez que sucede el hecho salen a la luz una serie de denuncias de malos tratos. Esas denuncias que tienen que ver con la negación de alimentación, negación de las visitas, las condiciones en las que estaban, el que no fueran trasladadas a una unidad penitenciaria, genera una situación de malestar que en ese momento desencadena una protesta”.
Además, señaló que “las policías que son las que tienen esos detalles de lo que puede haber sucedido, todavía no fueron indagadas. La causa tiene un año de lo sucedido, se armaron las primeras imputaciones pero no están formalizadas. Lo que nos preocupa de esta causa es la lentitud con la que avanza”.
Palmiere también hizo referencia a la resolución de 2015 de la Corte Suprema de Justicia de las Provincia ante el Habeas Corpus presentado por el fiscal Diego López Ávila y ex fiscal Adriana Giannoni a favor de las personas privadas de su libertad, alojadas en dependencias policiales, y del personal policial que los custodia por graves violaciones a normativa con rango constitucional en la condiciones de alojamiento y detención.
Los integrantes de la Corte, a raíz de varias visitas a las dependencias policiales, verificaron graves déficits en materia estructural y violación a los requisitos exigidos por el sistema penitenciario. En ese momento, la Corte estableció un plazo de 30 días corridos para que el Poder Ejecutivo revierta dicha situación. Sin embargo, la respuestas a esta problemática no llegan y se continúan acrecentando. Según informó Palmieri, la mitad de las más de 2000 personas detenidas en la provincia están en comisarías.
El año pasado, a pocos días de sucedido el incendio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de las cuatro jóvenes e instó al Estado argentino a investigar los hechos “con debida diligencia reforzada y adoptar medidas inmediatas para evitar la repetición de este tipo de hechos; asimismo, le recuerda que debe cesar la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente”.
