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Aborto

Una ordenanza municipal intenta anticiparse a la decisión del Congreso y prohibir legalización del aborto

El Concejo Deliberante declaró a San Miguel de Tucumán como ciudad “a favor de la vida”, y rechazó además cualquier resolución del Congreso Nacional respecto a la legalización del aborto.


Mientras en el Congreso de la Nación se realizan audiencias públicas, con voces a favor y en contra de la despenalización y legalización del aborto, en Tucumán, concejales capitalinos rechazan las leyes vigentes.

Durante la sesión ordinaria de ayer, con 19 temas para tratar en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, se aprobó una ordenanza en la cual se declara a la capital de Tucumán como “Ciudad defensora y promotora de la vida, desde la concepción humana en el vientre materno hasta su muerte natural”.

La ordenanza, impulsada por Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), Eduardo Verón (Fuerza Republicana) y Sandra Mazone (Coalición Cívica) fue presentada sobre tablas, por lo que no recibió tratamiento, ni dictamen de comisiones, y aprobada con el voto a mano alzada de 15 concejales. Hubo un sólo voto en contra: el del radical José Argañaraz, mientras que el peronista Dante Loza no se encontraba presente en la sesión, según informó el periodista Martín Dzienczarski.

La ordenanza no tendría valor jurídico, ya que atenta contra el orden constitucional vigente, pero si declarativo. En ese sentido, la ordenanza se compromete a impulsar convenios con ONGs que asuman acciones con el mismo espíritu, y a crear un “Comité para la protección Integral de la Vida Humana de la Ciudad de San Miguel de Tucumán”.

Desde la organización Mujeres x Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir expresaron su rechazo a esta medida. “La Ordenanza en cuestión, en tanto dispone ´vedar todo tipo de acción que tenga por objeto la interrupción de la gestación del ser humano por nacer en el vientre materno´ que está siendo debatido en el Congreso de la Nación, encarna una violación expresa al orden constitucional vigente que reserva este tipo de competencias legislativas para el Congreso en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional”, explicaron a través de un comunicado que se difundió a primera hora del día de hoy. “Al mismo tiempo, en tanto insta institucionalmente a desconocer atribuciones constitucionales propias del sistema democrático, atenta contra los postulados republicanos de división de poderes y organización federal que son pilares de nuestro Estado”.

Cabe recordar que Tucumán es la única provincia que no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, sancionada en 2012, y donde tampoco hay una adhesión a la ley de Educación Sexual Integral. “En consecuencia, difícilmente la decisión del Concejo Deliberante de la Provincia pueda inscribirse en la defensa de la vida si es que desconoce la autonomía reproductiva, la libertad y el derecho a la salud de las mujeres”, agregaron desde la organización feminista.

Leé el comunicado completo:

“Desde la Fundación Mujeres X Mujeres alertamos con preocupación acerca del desconocimiento del orden constitucional que revela la Ordenanza Municipal del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán contenida en Expte N° 138-HCD-182 dictada en violación a las competencias otorgadas por el art. 134 de la Constitución Provincial.

La Ordenanza en cuestión en tanto dispone “vedar todo tipo de acción que tenga por objeto la interrupción de la gestación del ser humano por nacer en el vientre materno”  que está siendo debatido en el Congreso de la Nación, encarna una violación expresa al orden constitucional vigente que reserva este tipo de competencias legislativas para el Congreso en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, en tanto insta institucionalmente a desconocer atribuciones constitucionales propias del sistema democrático, atenta contra los postulados republicanos de división de poderes y organización federal que son pilares de nuestro Estado.

Como Organización feminista dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres aclaramos que este tipo de Ordenanzas carecen de valor constitucional para resistir reformas penales y que forman parte de estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía para lograr así componer un mensaje acorde a la moral sexual restrictiva propia de los sectores fundamentalistas de la Iglesia Católica, que históricamente se oponen a la secularización de los planes de vida auto-gobernados y a la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas.

Nuestra Provincia tiene la triste notoriedad de ser la única de Argentina que no ha adherido a la ley 25.673 que asegura la provisión de métodos anticonceptivos a la población y a ello se suma la nula implementación de la ESI en la Escuela Pública. El embarazo adolescente en Tucumán (73%) supera la media nacional en este campo (64.05%). En consecuencia, difícilmente la decisión del Concejo Deliberante de la Provincia pueda inscribirse en la defensa de la vida si es que desconoce la autonomía reproductiva, la libertad y el derecho a la salud de las mujeres.

Quienes verdaderamente defendemos la vida de las mujeres estamos convencidas de que la hipocresía institucional que construye este tipo de alianzas clericales-seculares por fuera de cualquier orden constitucional, no sólo atentan abiertamente cualquier ampliación de derechos sino que devalúan el funcionamiento democrático y republicano de gobierno.

Quienes desconocen las reglas de gobierno, mal pueden intentar gobernar nuestros cuerpos y sacrificar nuestra autonomía en el altar de una moral sexual restrictiva que en nada se ocupa de la salud, la vida y la libertad de las mujeres tucumanas”.

 

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