El área de Violencia Institucional de La Corriente Militante del Interior Organizado (La Comino), invita a participar de la mesa panel ‘El Sistema Punitivo en Tucumán: Violencia Institucional y Derechos Humanos’.
“Es innegable que, en los días que corren, la agenda de movilización social se encuentra en gran medida impulsada por banderas claramente identificables: la lucha contra la violencia de género, el repudio a la violencia institucional, la defensa y reivindicación de los derechos humanos, y la defensa y dignificación de las condiciones laborales, entre otras que se podrían mencionar”, destacan en el comunicado.
El campo de las organizaciones sociales de Tucumán no es la excepción: se ha encontrado encolumnado este último año en manifestaciones públicas que armonizan con el diagnóstico antes realizado.
El objetivo de la mesa panel ‘El Sistema Punitivo en Tucumán: violencia institucional y derechos humanos’ es problematizar y desmenuzar uno de esos tópicos que enerva a importantes sectores de la sociedad: la violencia institucional. La propuesta es hacerlo desde una perspectiva interdisciplinaria, a cargo de expositores que se encuentran nucleados en organizaciones protagonistas de la agenda social: Andhes Derechos Humanos, Fundación Manos Abiertas Tucumán, H.I.J.O.S. TUCUMAN.
Pariticiparán profesionales que forman parte de organizaciones sociales que trabajan con esta temática:
– Dra. Julia Albarracín (H.I.J.O.S.)
– Psic. Agustina Malcún (Fundación Manos Abiertas)
– Dr. Matías Lorenzo Pisarello (Andhes)
– Psic. Federico Gómez Moreno (Andhes)
Criminalización de la pobreza y la juventud, gatillo fácil, funcionamiento del sistema punitivo y crisis del sistema penitenciario son algunos de los ejes que tratarán los expositores, abriendo la posibilidad de un debate posterior con el público presente.
“Consideramos que las ONG son protagonistas fundamentales a la hora de luchar contra la violencia institucional, ya que parte de su labor consiste en denunciar los casos de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad“, señalan desde la organización.
Y aseguran que “no se puede promover la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de esos derechos sin tener en cuenta el trabajo territorial que las organizaciones sociales realizan diariamente entorno a esta problemática“.
