El proyecto establece al menos el 1% de cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero en los tres poderes del Estado y sus organismo.
Un nuevo proyecto de Cupo Laboral Trans abre nuevas perspectivas sobre el futuro de una de los colectivo más vulnerables de la sociedad. Presentado por el legislador radical Fernando Valdéz, el mismo establece que al menos un 1% de los ingresos a los tres poderes de la provincia y sus organismos debe ser previsto para personas travestis, transexuales y transgénero.
El proyecto también lleva la firma de la legisladora Stella Maris Córdoba (Comisión de Digesto Jurídico), Silvia Rojkés (Comisión de Educación y Cultura), Sara Alejandra Assan (Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad) y Nancy Evangelina Bulacio (Comisión de Legislación Social).
“Lo que hace falta es consenso político. Quienes trabajamos para garantizar y ampliar derechos no podemos mirar al costado. La sociedad nos está exigiendo un Estado presente y debemos ocuparnos”, sostuvo el legislador.
A pesar de ser una buena noticia para el colectivo de que haya voluntades políticas que busquen generar marcos normativos que busquen la inclusión, sigue siendo una deuda pendiente que las personas trans participen del armado de estas propuesta. “Nuevamente se presenta un proyecto hablando de personas que no se conoce, y de las cuales no se conoce su realidad”, expresaron integrantes del Colectivo LOTO, quienes fueron convocadas por el legislador Valdez luego de presentado el proyecto y quedó pendiente una reunión para la próxima semana. Desde la organización vienen trabajando en un proyecto que contemple las diversas realidades del colectivo.
“Presentaron nuevamente un proyecto en donde no hubo ninguna compañera del colectivo interviniendo, y sin que ninguna de las personas de la Legislatura haya tomado a una chica trans para trabajar desde que el tema está en agenda para por lo menos dar el ejemplo”, sostuvieron. “Hasta que no nos escuchen a nosotras esto va a seguir siendo un tema de personas con extremados privilegios sociales, económicos y políticos, a los cuales jamás accedemos y la discusión va a quedar ahí, entre ellos y lo que ellos piensan, imaginan o suponen, pero nunca a través de realidades concretas que nosotras vivimos a diario”, argumentaron.
La falta de acceso al mundo laboral del colectivo travesti y trans se entrama con el conjunto de posibilidades que el sistema niega a las personas trans: aceptación familiar, inclusión escolar, reconocimiento institucional de la propia identidad. Esto vuelve a poner de manifiesto que una vida de exclusión hace necesario un Estado presente con políticas públicas que acompañe los cambios sociales y culturales por los que las sociedades atraviesan.
En el 2017, luego del transfemicidio de Ayelén Gómez, dos proyectos de ley presentados por el legislador de UCR-Cambiemos José María Canelada y la legisladora peronista Nancy Bulacio sobre cupo laboral para personas trans, estaban muy cerca de ser tratado en la Legislatura. Ambos proyectos fueron unificados y tenían dictamen favorable para ser tratados en sesión.
Con la presencia del colectivo LGBT y organizaciones sociales en el recinto, el tratamiento del proyecto no se logró. El legislador Raúl Albarracín, férreo opositor a la ampliación de derechos de los colectivos vulnerados, realizó una moción de orden para que el proyecto fuera enviado a comisión, aduciendo que “establecer un cupo es privilegiar un sector discriminando a otros”. Con el apoyo del oficialismo, en pocos minutos el proyecto fue descartado.
En aquel momento, el legislador Valdéz se pronunció sobre el tema: “Esta Ley otorga derecho a las minorías excluidas y este tipo de actitudes prejuiciosas manchan la labor parlamentaria”. En una entrevista radial el parlamentario agregó que: “Hay una decisión clara y dirigida, por dogma católico, de no tratar el cupo laboral trans”.
Las estadísticas sobre la situación social y económica de las personas trans muestran la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran. Mientras que su promedio de vida en Argentina es de 35 a 40 años, un informe nacional sobre situación de calle de 2011 a cargo de Lohana Berkins, detalló que el 67% de las personas trans no terminó la primaria, y el 84% no se graduó de la secundaria. Las causas de deserción escolar: 39% por temor a la discriminación, y 61,4% porque el ámbito escolar no aceptaba su identidad de género. El 91% padeció violencia, el 41,5% abuso sexual, el 64,5% agresiones físicas, y 81% sufrieron insultos. La gran mayoría de las muertes de las personas trans están signadas por la violencia.
“Resulta vital a la hora de discutir proyectos de cupo, reflexionar sobre lo que implica en términos de experiencia subjetiva, adecuarse a un puesto de trabajo concebido dentro de parámetros cis-heteronormados, a una rutina laboral, a una sociabilidad en la que lo trans no pasaría aún de ser una excepción”, sostienen desde LOTO.
Y en este camino, la ley es una herramienta más, un resguardo a conquistar, que no invalida, sino que por el contrario se sostiene, con la lucha y la organización de múltiples movimientos, espacios y activistas trans. Asimismo, requiere de coaliciones sociales y políticas potentes, en las que la agenda de demandas travas sea tomada por el conjunto de la comunidad LGTB, pero también por la sociedad toda.
