Tucumán sigue en deuda con la salud sexual de la población tucumana. El proyecto de adhesión a la ley 25.673, aprobada hace 15 años y que prevé una mejora en las condiciones de acceso a la salud sexual y procreación responsable, sigue sin ser tratado en la legislatura y se teme que pierda estado parlamentario.
El proyecto de adhesión a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, 25.673, está en riesgo de perder estado parlamentario. El proyecto había sido presentado por la legisladora Stela Maris Córdoba y Christian Rodríguez en marzo de 2016, y en octubre de ese mismo recibió dictamen favorable en la comisión de Familia desde octubre de 2016. Hasta ahora no se avanzó en su tratamiento a pesar de los pedidos de las organizaciones organizadas a través del Foro Tucumano por la Salud Sexual y Reproductiva
La ley 25.673 prevé la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, fue promulgada en Argentina en el año 2002. La misma, promueve la creación de un programa de salud pública en el ámbito del Ministerio de Salud, hoy secretaría. Los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable, entre otros objetivos.
Como la salud es un derecho humano esencial, la salud sexual y reproductiva se enmarca dentro de los derechos humanos. Es por esto, que el concepto también está íntimamente ligado al de derechos sexuales y derechos reproductivos, los cuales se basan en la autonomía de las personas para tomar decisiones acerca de su vida, su sexualidad, su cuerpo, su reproducción, salud y bienestar.
Desde sus comienzos esta ley, como todas las que están vinculadas a la educación sexual y a la salud sexual, fue fuertemente rechazada por la iglesia católica a quienes en el último tiempo se les sumaron las iglesias evangélicas. El legislador René Ramírez, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, admitió el año pasado, en declaraciones a la prensa, que la negativa a la adhesión a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable se debe a la falta de acuerdo de la Iglesia Católica.
El rechazo a esta ley, forma parte de un entramado mayor, ya que son los mismos grupos religiosos los que se oponen a la Ley se Educación Sexual Integral que de hecho ya se implementa en las escuelas de la provincia.
Por ahora, Tucumán continuará en deuda con la salud sexual de la población, que afecta particularmente a la población femenina, en quienes recae primeramente la responsabilidad de los cuidados y quienes se ven expuestas a embarazos no deseados y a embarazos forzados por no contar, además, con una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
