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Piden la detención del ex rector de la UNT
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Piden la detención del ex rector de la UNT

Juan Alberto Cerisola está imputado por malversación culposa en el manejo de los recursos que la Universidad Nacional de Tucumán recibió en concepto de regalías de YMAD.

El pedido lo hizo el fiscal federal Gustavo Gómez en la causa de malversación de fondos por la cual están imputados Juan Alberto Cerisola (rector de la UNT 2006-2014) junto al ex diputado nacional Luis Sacca, la suspendida directora general de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani y del jubilado director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino.

El reprensentante del ministerio público federal consideró que es importante para la profundización de la causa, en la recolección de más elementos de pruebas, lograr la detención de Cerisola y de los otros involucrados en la causa, a fin de evitar el entorpecimiento en la investigación. 

La solicitud del fiscal General llega días después que la Cámara Federal no hiciera lugar a los recursos de apelación interpuestas por las defensas técnicas de los procesados. En la misma sentencia, los magistrados recomendaron profundizar la investigación con relación a los hechos denunciados.

La sentencia, aunque no está firme, dispuso en forma expresa que se analice el circuito de los $ 342 millones asignados a la casa de estudios superiores en concepto de utilidades durante el período 2006-2009.

En el tercer punto de la resolución que firmó el fiscal Federal General, Antonio Gustavo Gómez, indicó que “se disponga, por los medios pertinentes, instar a la evaluación de la conveniencia del dictado de una orden de detención en contra de los procesados Juan Carlos Cerisola, Luis Fernando Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino

Detalló además que “los citados revestían la condición de Rector, Subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, Directora de la Dirección General de Construcciones y Director de Inversiones y Contrataciones, de la Universidad Nacional de Tucumán, al tiempo de la presunta comisión de los ilicitos investigados”.

Para el fiscal “no escapa al rozamiento del suscripto que entre los imputados hay quienes cumplieron funciones en ejercicio de un cargo político y ya cesaron en tal función respecto a la periodicidad del ejercicio de tal rol. Esto no implica que a la fecha haya funcionarios designados por los mismos y que le permiten alterar de alguna manera la producción de prueba o entorpecer el correcto devenir procesal. Cierto es también y como se advierte de las constancias autos, uno de los procesados resulta ser una funcionaria pública de carrera dentro del esquema administrativo de la Universidad Nacional de Tucumán -28 años de carrera administrativa según la declaración indagatoria-. Tal como se aprecia de la documentación y propios dichos de la imputada Cudmani, la misma habría desempeñado un rol determinante en el diseño y aprobación de las obras a realizarse”.

“A la fecha se desconoce si la imputada sigue revistiendo un papel activo dentro de la administración central del Rectorado, pero aun cuando no lo hiciere, resulta razonable pensar que el cuadro de funcionarios allegado a la ésta sigue desempeñándose en áreas que resguardan información sensible para la investigación”.

Atento a la envergadura del perjuicio económico y la complejidad de los mecanismos financieros, a través de la intervención de diversos intermediarios y formas jurídicas utilizadas para el caso, “debieran sopesar sobre el análisis del dictado de una medida cautelar restrictiva de la libertad”.

Los antecedentes

En 2010 se realizó una denuncia penla, interpuesta por Ramón Eudal, quien denunciaba a las autoridades de la UNT, el Rector Juan Alberto Cerisola, la Vicerrectora Maria Luisa Rossi de Hernández y los integrantes del Consejo Superior, de ser responsables de malversación de fondos públicos considerando como irregular el disposición de fondos para obras recepcionados en concepto de utilidades durante el periodo 2006/2009 según el análisis del “Informe de Cuenta” presentado por Cerisola ante el Consejo Superior de la U.N.T. en fecha 21/11/09.

El conjunto de conductas impugnadas y las pruebas recolectadas desde 2010 llevaron al juez Fernando Poviña a procesar a Cerisola, Cudmani, Sacca y Venturino, y a trabar respectivamente embargos por $ 50 millones; $ 30 millones; $ 10 millones y $ 3 millones.

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