Desde la esfera judicial analizan la posibilidad de realizar el primer allanamiento en Argentina a un edificio oficial de la iglesia, ante la denuncia realizada contra el -recientemente- ex sacerdote, Emilio Lamas. La corporación eclesiástica se moviliza para evitar el procedimiento. Presuntas nuevas denuncias que comprometen al ex funcionario de la iglesia católica salteña.
El ex monaguillo, Juan Carlos García, actual locutor del Valle de Lerma, denunció recientemente los abusos sexuales sufridos por parte del sacerdote, remontándose -también- a los años siguientes y el silencio cómplice de la Iglesia. Las consecuencias provocaron que el acusado, Emilio Lamas, fuera obligado a abandonar el sacerdocio y ser detenido. Actualmente, la querella analiza el pedido de allanar las oficinas del Tribunal Eclesiástico ubicado en el Arzobispado de Salta. Si la jueza Claudia Puertas hiciera lugar, sería la primera vez en el país que se allana un edificio oficial de la Iglesia católica por casos de abusos.
“Se hace imposible la entrega de cualquier documento relativo al mismo”, fue la respuesta que envió el titular del Arzobispado, monseñor Mario Cargnello, en respuesta del requerimiento de la Fiscalía 1 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual. Los documentos solicitados son las actas del proceso del juicio eclesiástico que concluyó con la expulsión de Lamas del sacerdocio.
Cargnello basó su negativa en que aún el proceso está abierto y continuará así. También se amparó en el acuerdo firmado entre la Santa Sede y el Estado argentino en 1966 que reconoce y garantiza a la Iglesia “el público ejercicio de culto y jurisdicción”. El juicio eclesiástico celebrado bajo el derecho canónico que “tipifica como delito” el abuso de menores fue señalado por Cargnello como “ejercicio de esa jurisdicción” que el acuerdo le reconoce. El escrito oficial concluye señalando que la Justicia debe pedir las actas a la Congregación de la Doctrina de la Fe, en Roma, a quien le pertenecen las actas y a quién le está “reservado los procesos impidiendo a los tribunales inferiores dichos juicios”.
“Voy a pedir el allanamiento porque ellos se están amparando en un concordato que no le da derecho a no informar y no colaborar con la Justicia”, advirtió Luis Segovia, abogado de García. El letrado aseguró que demostrará que las actas están aún en la ciudad. “Ese tribunal ad hoc, que conformaron, es un tribunal de Salta. Son ellos mismos quienes hicieron la resolución que le quitó el sacerdocio a Lamas. Además, Loyola (su abogado) dijo que Lamas tiene tiempo de apelar, entonces los papeles están acá”, aseveró.
El deseo de acceder a las actas del juicio eclesiástico por parte de la Justicia y la querella radica en que, por lo que se pudo saber mediante audios, se hicieron públicos, el sacerdote habría confesado el abuso de García y el de otros casos que aún no llegaron a la Justicia. Contrariamente al comportamiento ante sus pares, Lamas se negó a declarar ante el fiscal Federico Obeid. También se quiere llegar a otros testigos que podrían involucrar a autoridades de la Iglesia y su posible encubrimiento, como lo denunció el ex monaguillo.
“Están chicaneando. Las actas deben ser secuestradas, están encubriendo pruebas del delito”, denunció Segovia. Hace unos días, en FM Profesional, el juez del eclesiástico también se refirió al acuerdo firmado y aseguró que tiene rango constitucional, y que se le reconoce a la Iglesia su campo “jurídico propio”.
“El Estado reconoce las normas de los procesos canónicos, que en delitos sexuales con menores establece que solo la Doctrina para la Fe puede juzgar estos casos por la gravedad”. Consultado por qué no se entregan las actas, indicó que hacerlo “sería una falta jurídica contra la garantía procesal, porque el proceso no ha terminado”.
El juez de la Corte, Abel Cornejo, insistió en que la propia Iglesia debe denunciar los casos de abuso. Consultado sobre esto, y apelado por el testimonio de los evangelistas quienes aseguraron que las denuncias que reciben las derivan a la Justicia, el juez vicario aseguró que no sería favorable para la “buena fama” del sacerdote y acudió a los principios de la Justicia ordinaria: “Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, lanzó y agregó que “si un sacerdote es denunciado, si lo mando a la Justicia penal, inmediatamente los medios van a saberlo, porque por desgracia no existe la discreción en los ámbitos judiciales. Si luego esa denuncia es falsa, como pasó una vez, ¿quién le restaura esa fama a esa persona?”, advirtió.
Loyola aclaró, además, que durante el proceso la Iglesia sí toma medidas “de precaución”. “¿Qué fue lo que pasó con el padre Lamas? Se lo trajo de Bolivia, se lo confinó en un lugar, no tenía permiso para celebrar un sacramento en público, hasta que termine la sentencia”, aseguró. Sin embargo, en los audios se escucha al sacerdote Pezet afirmar que a pesar de que Lamas ya había confesado el abuso, se le permitiría estar hasta fin de año en Bolivia para que “no sea un golpe grande para la comunidad que se vaya de un día para el otro”.
Loyola reconoció que las víctimas” se animan a hablar muy tarde, y en el ámbito civil existe la prescripción, y es muy difícil que salgan penados. En la Iglesia no hay prescripción”, resaltó, “ellos hacían mucho más de abstenerse a denunciar, influenciaban a las víctimas para que no denuncien, mediante el secreto. En el caso de Juanca, diciéndole que su caso estaba prescrito, que ya nada se podía hacer”.
