El colectivo Ni Una Menos Tucumán, integrado por más de 62 organizaciones sociales, feministas y Organismos de DDHH, presentaron un documento al Ministro Fiscal Edmundo Jiménez, de cuestionamiento y rechazo a la reciente designación de la abogada como Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Especial en Violencia Familiar y de Género.
Esta mañana, organizaciones sociales y feministas, agrupadas en el Colectivo Ni Una Menos, y Organismos de Derechos Humanos, realizaron una presentación al Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, cuestionando la designación de Nadia Orce como Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Especial en Violencia Familiar y de Género N°II a cargo de Marta Rivadeneira, y solicitando la inmediata remoción de tal cargo.
“Se dieron a conocer los distintos antecedentes de Nadia Orce nombrada a dedo por el Ministro Fiscal como Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Especial en Violencia Familiar y de Género N°II”, explicó a La Nota Alejandra del Castillo, del Plenario de Trabajadoras. “Se designa para estas funciones una persona que siendo hija de genocida actuó amenazando a testigos y al Fiscal Federal Camuña”, afirmó.
→ Designaciones controversiales del Ministro Público Fiscal
En el escrito, desde las organizaciones cuestionan la “idoneidad moral” de la abogada para ejercer el cargo. Entre algunos antecedentes que enumeraron en la presentación, mencionaron la defensa que ejerció en el juicio por el Operativo Independencia, donde su padre, Camilo Orce, fue juzgado por delitos de Lesa Humanidad. Además, en el marco de ese mismo juicio, fue denunciada por amenazas de muertes contra el fiscal Pablo Camuña, y por amenazas y amedrentamiento a testigos del juicio.
“Forma parte de una asociación de abogados que no solo actúan en la defensa técnica de genocidas sino que hacen una defensa ideológica sustentada en la teoría de los dos demonios. Y denunciamos que fue socia y defensora personal del abogado Víctor Chocobar denunciado por violencia de género contra estudiantes en la Facultad de Derecho”, expresó Del Castillo. “Se pidió también una audiencia que el secretario del Ministro Fiscal se comprometió a gestionar”, comentó.
Por último, afirman que la designación, “lejos de garantizar el [acceso a la justicia], se imponen funcionarios que comprometen con su inexperiencia en la materia y su falta de idoneidad subjetiva, la efectiva protección de las víctimas y su revictimización”.
