A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional oficilizó la medida que prohibe despidos y suspenciones por 60 días.
El pasado domingo, luego de anunciar la extensión del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, el Ppresidente Alberto Fernández pudo especial atención las empresas que despidieron a trabajadores en este contexto.
A primera hora de este miércoles, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 quedó oficializada la medida que prohibie los despidos y suspenciones por 60 días.
De este modo, quedan prohibidos “los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, como así también las “suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”.
Fue publicado en el Boletín Oficial, con la firma del mandatario; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y de los ministros, en el marco de las medidas que viene tomando el Ejecutivo para paliar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
“Resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales”, asevera la norma en sus fundamentos.
En este sentido, señala que decisiones de ese tipo no serían “más que una forma de agravar en mayor medida los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar”.
En su artículo cuarto, el decreto publicado esta noche en una edición suplementaria del Boletín Oficial de este jueves, establece que “los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto” en la norma, “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.
Días antes del anuncio del presidente, la empresa constructora Techint había anunciado el despido a 1.450 trabajadores de la construcción que fueron contratados para llevar adelante obras y servicios para clientes privados en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén que se encuentran paralizadas por no estar comprendidas en el DNU del Gobierno nacional como “esenciales”.
