“La integralidad de los derechos sexuales ha sido nuestra bandera desde hace décadas”

Durante la novena jornada de debate por la despenalización del aborto en el Congreso, Claudia Anzorena, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet e integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Compartimos su ponencia completa.


Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, sobre todo a mis compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Afortunadamente, ya han sido muchas quienes han presentado argumentos y estudios científicos en los que han fundamentado seria y metódicamente por qué la legalización del aborto es un asunto de salud pública, de justicia social y de derechos humanos en una sociedad que busca avanzar hacia relaciones más democráticas.

Las palabras que quiero compartir son producto de años de reflexiones científicas y políticas, desde una saber situado, colectivo y comprometido con los derechos humanos.

Las mujeres y las personas con capacidad de gestar no venimos a pedir permiso. Siempre hemos abortado y lo vamos a seguir haciendo en las condiciones en las que podamos.

Sin embargo, a esta altura de las circunstancias estamos convencidas de que es injusto que las decisiones que tomamos sobre nuestra sexualidad, nuestra salud, nuestros deseos y nuestras capacidades reproductivas tengan que ser gestionadas en la clandestinidad y bajo preceptos morales ajenos.

A mí, como a otras cientos de miles, nadie me contó lo que es el temor a un embarazo no deseado o a la clandestinidad; lo he vivido tanto en mi propio cuerpo como en el cuerpo de alguien querida o desconocida. El miedo a morir, a no encontrar ayuda; la soledad, el estar dispuesta a hacer cualquier cosa frente a un proceso biológico vivido como invasión, es producto de la criminalización legal y social y no de la práctica del aborto en sí misma como una opción más ante un embarazo inoportuno.

Después de 35 años de democracia, de reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como parte fundamental de los derechos humanos de las humanas, donde la salud es definida como un estado general de bienestar físico, mental y social y no la mera ausencia de enfermedades, la legalización del aborto voluntario viene a ensanchar las dimensiones de la justicia. La legitimidad del aborto está instalada en la sociedad: el hecho de que hoy estén siendo escuchados nuestros argumentos a favor del aborto legal, seguro y gratuito lo demuestra.

Durante estos años en que nos hemos organizado, aprendimos mucho sobre el aborto, la anticoncepción, la sexualidad y el deseo. Pero sobre todo aprendimos que saber y conocer es lo que nos permite tomar decisiones y acceder a ellas con libertad y autonomía. Piensen el impulso que estas herramientas y este conocimiento nos dan, cómo han cambiado los sentidos de los abortos propios y de otras, al punto de ver a jóvenes y adolescentes abrazar la causa, aún sin haber vivido todas las restricciones que vivimos nosotras o nuestras madres. Para ellas ya es un derecho adquirido.

A esta altura de los desarrollos tecnológicos, consideramos injusto que tengamos que elegir entre la ley o nuestras vidas. Es injusto que ante una práctica que es poco riesgosa y nada invasiva muchas pongamos en juego nuestra salud. Es aberrante que el aborto sea seguro para quienes tienen recursos económicos y socioculturales y, para quienes no los tienen, sea un riesgo.

Nosotras no venimos para que ahora los sectores antiderechos hablen de la necesidad de políticas de prevención de embarazos no deseados o de protección de las mujeres embarazadas. La integralidad de los derechos sexuales y reproductivos ha sido nuestra bandera desde hace décadas. Desde mediados de los ’80 hemos sido nosotras las que nos hemos parado frente al Estado y hemos exigido que se garanticen nuestros derechos: patria potestad compartida, divorcio, salud sexual y reproductiva, parto respetado, educación sexual integral, prevención, sanción y erradicación de la violencia, matrimonio igualitario, identidad de género.

Cada uno de estos tópicos fueron fuertemente resistidos por los mismos sectores que hoy resisten al presente proyecto de ley.

En contra de cada una de estas leyes esgrimieron argumentos falsos, manipuladores y hasta absurdos, despreciando a las mujeres y a les disidentes sexuales. Esta historia hoy se está repitiendo, pero confío en que nuestros/as representantes comprendan que las políticas no se tratan de debatir sobre asuntos morales o creencias particulares, sino que se trata de un Estado que asume de manera consciente y responsable las problemáticas que se le presentan.

Las mujeres que abortamos tenemos plena conciencia de la responsabilidad, el compromiso y el valor de la vida humana, porque somos las que gestamos, las que cuidamos, las que criamos. Por esto no nos da lo mismo llevar a término un embarazo en cualquier condición y mucho menos “tenerlo y darlo” como si fuéramos incubadoras.

Si hasta los opositores de estos derechos reconocen que “legal o ilegal el aborto ocurre igual”, por qué seguir manteniendo la ilegalidad y seguir beneficiando a quienes lucran con las leyes anacrónicas e ineficaces.

El aborto no es un problema que se pueda eliminar o tapar con legislaciones necias, sino que es una práctica concreta que muchas experimentan, viven y significan de diferentes modos.

El Estado tiene que enfrentar el asunto. Evadirlo es no asumir la responsabilidad social e institucional de las fallas y la discriminación en el acceso a la salud y a la justicia en que vive la mitad de la población en el país. Como hemos dicho incansablemente: el aborto legal es la gran deuda que la democracia tiene con las mujeres en el camino que emprendió de reconocerlas como ciudadanas.

En palabras de Dora Coledesky: “En esta lucha está en juego nuestra propia dignidad, es no ser consideradas como cosas, sino como seres humanos dispuestos a vivir una vida digna de ser vivida”.

Señores y señoras diputadas, ustedes tienen la responsabilidad histórica de reconocer la dignidad de las decisiones de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Voten a favor del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal seguro y gratuito.

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