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Actualidad

“Estamos trabajando en garantizar la ILE en cada una de las provincias”

Así lo dijo Valeria Isla, la titular de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, a una semana de la publicación de la resolución 1 del Ministerio de Salud de la Nación que actualizó el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)

Por Florencia Alcaraz para Latfem

Así lo dijo Valeria Isla, la titular de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, a una semana de la publicación de la resolución 1 del Ministerio de Salud de la Nación que actualizó el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En la entrevista, la funcionaria cuenta los avances de esta decisión, cómo están trabajando en la conformación de un equipo de fortalecimiento para el acceso al aborto legal y cuáles serán los ejes de trabajo de su área. 

Hace una semana Valeria Isla se sentó en el auditorio de conferencias de la Casa Rosada con su pañuelo verde rodeando su muñeca. A su lado, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García anunciaba aquello que los equipos de profesionales de la salud que garantizan derechos y el movimiento feminista en su conjunto estaban esperando del nuevo gobierno: la resolución ministerial que actualizaba el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (2019). 

Hoy su pañuelo cuelga de la mochila que trajo hasta su oficina de trabajo, como Directora de Salud Sexual y Reproductiva, un cargo que ya ocupó entre 2005 y 2007. Durante su anterior gestión, que también compartió con González García, había logrado emitir el primer protocolo nacional para la atención de interrupciones legales del embarazo. Ese instrumento tuvo una actualización en 2015. “Es la primera vez en la historia que se llega a esta instancia. Así que eso garantiza el rol de rectoría que tiene este Ministerio en un país federal”, dice entusiasmada. 

Isla es especialista en Políticas Públicas y diplomada en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Después de pasar por la gestión nacional, entre 2007 y 2015 se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Quilmes, al sur de la provincia de Buenos Aires, con un claro enfoque en niñez y adolescencia. Durante el macrismo trabajó en consultorías siempre abordando la temática específica de salud sexual y reproductiva. Y ahora vuelve a un espacio nacional con el desafío de achicar la brecha entre las leyes, protocolos, resoluciones y la vida real de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, lesbianas y personas trans. En una Argentina donde todos los días 7 niñas entran a una sala de parto y existen barreras concretas para la interrupción legal del embarazo, como evidenció este año la historia de Lucía en Tucumán. 

— Como funcionaria ya habías estado en en este rol ¿Con qué te encontraste ahora que volviste? ¿Qué cambió en estos años?

—Arranco con un piso mucho más alto de cuando estuve por toda la transformación del movimiento feminista en las calles, en las instituciones, en el país. Eso ha sido el cambio más importante porque es ese cambio de ese movimiento el que marca la agenda de la salud sexual y reproductiva y es lo que nos da el respaldo también para poder seguir avanzando. Además, tanto el Consejo Asesor de Salud Sexual y Reproductiva que se creó allá en el 2007 como los distintos espacios del movimiento feminista y de organizaciones, han permitido sostener este Programa como una bandera de resistencia.  Cuando se quiso cerrar y despedir gente, el equipo de este Programa para que no se disminuyera la cantidad de trabajadoras. Muchos de ellos y ellas también participaron en la edición y en la autoría del Protocolo.

— ¿Cómo fue la decisión de restablecer la actualización del Protocolo ILE?

Era urgente porque el decreto (de Mauricio Macri) que lo anuló había generado mucha incertidumbre, confusión e inestabilidad en los equipos que estaban cumpliendo con la ley. La idea es que este Protocolo apoye a los equipos de salud que ya están garantizando derechos a las personas que están dentro de las causales consideradas por la ley desde 1921. También se actualizó todo lo que es el Código Civil y Comercial. Esto es muy importante: las tres regulaciones que tienen vigencia hoy y que rigen en todo el país son el Código Penal de 1921, el fallo F.A.L, que da una interpretación clarísima de la Corte Suprema de Justicia sobre las causales, la causal de salud integral, la causal violación, y finalmente el Código Civil y Comercial, que también tiene obligatoriedad de aplicación en todo el país, y que de allí se da mucha claridad acerca del abordaje para el acceso a la ILE de niñas, niños y adolescentes. 

De esta manera, ya se brinda un apoyo a todos los equipos que cumplen con la ley y se respalda. Se indica fuertemente el rol de rectoría a los equipos de salud qué es lo que tienen que hacer frente a estas situaciones, para que se puedan poner en marcha y en línea con lo que es la política sanitaria. 

—¿De qué manera van a trabajar en su implementación?

—En coordinación con cada uno de los y las referentes de Salud Sexual y Reproductiva de cada provincia, estamos trabajando armando el área, un grupo de trabajo para garantizar o para acompañar, para fortalecer el acceso a la interrupción legal del embarazo en cada una de las provincias.

Esto no existía, estamos armando ahora en estos momentos. Estamos conformando los equipos con gente que también ha trabajado en el Consejo Asesor. Entonces la idea de este grupo de Fortalecimiento y de apoyo al acceso legal que estamos armando tiene que ver con un grupo de expertas que pueda apoyar a estos servicios. Que puedan desde un punto de vista legal poder dar argumentos, poder facilitar el acceso. Todo esto implica formación, asistencia técnica, presencia en la provincia o en el servicio. Esto lo vamos a diagramar participativamente con cada uno de los equipos de referentes. En cada una de estas provincias hay muchos equipos profesionales que han hecho mucha resistencia y por suerte han trabajado para garantizar el acceso, así que vamos a apoyar eso. 

—¿Cómo piensan aplicarlo con el Consejo Federal de Salud?

—Fue uno de los temas dentro del COFESA. Además, en las provincias hay grandes redes de profesionales, está tanto la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, está también REDAAS, que es otra red de profesionales, Socorristas y hay muchas redes pero sobre todo hay profesionales dentro de los servicios más allá de la autoridad provincial en los servicios, tanto en hospitales como en atención primaria, en todas las provincias. 

—¿Tienen que adherir a este Protocolo 2019 las provincias que ya adhirieron al del 2015 o no tienen que adherir? ¿Esto rige en todo el territorio nacional porque tienen resolución ministerial?

—La resolución ministerial es lo primero y lo más importante porque es la primera vez en la historia que tiene ese rango. La vigencia del acceso a la ILE en todo el país es para todas las provincias. Tanto en el Código Penal, como en el Código Civil y Comercial, como en el Fallo F.A.L, ya son derechos que están garantizados. Ahora bien, se recomienda a las provincias que adhieran a este protocolo, porque está la mejor evidencia científica y porque indica con mucha claridad cuáles son los pasos frente a cada una de las causales admitidas por la ley. 

—Desde que se publicó en el Boletín Oficial hasta hoy, ¿hay provincias que adhirieron?

—Hay provincias que ya adhieren de por sí. Por ejemplo, Río Negro, que tiene una ley que incorpora las actualizaciones automáticamente. Chubut tiene una resolución que incorpora la actualización inmediatamente porque hay una frase en su resolución de adhesión que habla de “actualizaciones futuras”. Esto es una muy buena práctica, una buena cláusula que estamos impulsando también con los equipos provinciales para que incorporen dentro de lo posible en los nuevos protocolos, que se usan en otros aspectos de salud pública. Entre Ríos fue la primera que adhirió y Jujuy me acaban de avisar que acaban de adherir…Es una buena práctica adherir porque le da un buen estándar a toda la salud pública provincial. 

—¿Y la provincia de Buenos Aires todavía no adhirió?

—Hablamos con el Ministro de la provincia de Buenos Aires, la responsable del programa de Salud Sexual y Reproductiva, la directora de maternidad e infancia y el gobernador y ya están en proceso de emitir la adhesión al Protocolo. El impacto es enorme en cuanto a cantidad de población. 

—Tucumán, Formosa, San Juan, Santiago del Estero, Corrientes nunca adhirieron a los Protocolos, ¿Cómo trabajarán en esas provincias?

—Tenemos nudos críticos allí. Y nosotras intervenimos también con otras áreas del gobierno para poder apoyar el acceso. Esta es la oportunidad de intervenir directamente siempre en un rol de rectoría porque el país es federal. Como dijo el Ministro González García en la conferencia de prensa: esto no es de la noche a la mañana que se cambia, es un proceso y vamos a poner toda la política pública necesaria, la presencia y la prioridad para ir ampliando los derechos en el acceso al aborto legal. 

— Además del acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿Cuáles van a ser los ejes de trabajo?

—Vamos a incorporar dos grandes líneas: una que tiene que ver con la implementación del Protocolo, pero también con crear las condiciones para el acceso al aborto legal; y por otro lado, nos interesa trabajar mucho lo que es el objetivo cuatro del Plan ENIA del embarazo no intencional en la adolescencia, que es mejorar el acceso a ILE, aquellas niñas, niños, niñes en realidad, con embarazos producto de un abuso o violencia sexual, que hoy está siendo un problema muy importante. Esto implica trabajar junto con el sistema de protección y con los órganos de aplicación en las provincias, que generalmente están en el área de Desarrollo Social. Ellos son quienes aplican la Protección integral, el derecho a ser oído, todo el proceso de autonomía progresiva. Trabajaremos con el Ministerio de Educación porque el espacio de la ESI se ha convertido en un espacio fundamental para la escucha activa, para que les chiques puedan hablar, que pueda circular la palabra, que pueda dejar de ser secreto el tema del abuso. Entonces, el espacio con la escuela y con la ESI es fundamental, así que ahí tendremos también una articulación para lo que es la detección. Después, internamente en el Ministerio con el programa Adolescencias. Vamos a fortalecer todo lo que es métodos anticonceptivos para adolescentes, el acceso a métodos de larga duración. Son fundamentales porque son años de vida protegidos.

—Se va a trabajar transversalmente…

— La escuchaba a Eli, la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad, decir que ella es parte del movimiento y que será un Ministerio abierto al movimiento. Y es así: yo siento que mi obligación es cumplir, y estar atenta, y tener escucha a la agenda de las mujeres, a la agenda de los movimientos también de la diversidad, a la agenda feminista y ahí es una de mis responsabilidades mayores. Además de mi responsabilidad pública como parte en un organismo del Estado. No es que soy yo sola, estoy comprometida con esa otra agenda y en estos años gracias a la resistencia, gracias a la calle, gracias a la ola verde y a muchos otros procesos se ha avanzado en esa agenda. 

—¿Hay alguna región del país que sea prioridad?

—Digamos que la prioridad son las once provincias donde está el Plan ENIA de embarazo no intencional en la adolescencia, donde toma esto y NEA tiene nudos críticos importantes, no solo es Salta y Jujuy. Han cambiado los números. Hay casos muy complejos en Corrientes, Misiones, Formosa. Allí hay muchas compañeras y profesionales que están resistiendo y tratando de brindar respuestas. Quizás en la soledad, sin apoyo institucional, son provincias institucionalmente más complejas.

Poder armar este grupo de trabajo para fortalecer el acceso a la introducción legal del embarazo. Esa va a ser la línea fuerte que articulará con las otras líneas. Pero ahí también tenemos el trabajo con el tema de las niñas, niñes, embarazados producto de abuso o violencia sexual. Si bien está también dentro lo que es la línea de trabajo para el acceso a la interrupción legal del embarazo, el problema social es tan grande que requiere una línea de trabajo específica. 

—En estos años hemos observado una reacción de los grupos antiderechos más virulenta, ¿esto dificulta el trabajo desde el Estado?

—Utilizan estrategias judiciales y tienen financiamiento. Y está claro que tienen estrategias sistemáticas. Tenemos que saber cómo responder sistemáticamente también con argumentos favorables a toda la agenda de salud sexual y reproductiva. 

El Portal de Belén cuando salió la Ley de Salud Sexual y Reproductiva fue en contra de esa ley, también tuvo algunas acciones en contra de la anticoncepción de emergencia. Van un poco por la agenda de salud sexual y reproductiva. Por eso los equipos, tanto el Consejo Asesor como en este grupo de trabajo va a haber abogadas feministas y también estamos en conexión con con las principales organizaciones que litigan, ELA, Amnistía, CELS. Estamos articulando con ellos porque tienen un conocimiento experto, tienen los mejores argumentos y trabajaríamos en articulación junto con todos los equipos del Ministerio. 

—¿Cuáles son las novedades que incorpora el protocolo para explicárselo a alguien que no tiene idea del tema? 

—Se sigue retomando con claridad las causales del fallo F.A.L, violación y salud integral, salud física y salud psíquica. Esto permite a los equipos evaluar y hacer los informes con mucha certeza de los informes técnicos que certifican cada una de estas causales. Es importante para el profesional que está en un centro de atención primaria o en un hospital. La indicación que se ratifica es la de no dilatar los tiempos y los diez días a partir de la notificación donde hay que resolver. Después todo el capítulo destinado a personas con discapacidad es importante porque toma del Código Civil y Comercial y de las últimas convenciones de las personas con discapacidad todo el tema del consentimiento y la obligación del Estado en generar sistemas de apoyo para acompañar esas decisiones, no reemplazar el consentimiento. Y, por último, el tema de niñez y adolescencia. Aún en menores de trece años no se puede reemplazar ese consentimiento porque está el derecho a ser oído, su interés superior. Y en menores de trece se ratifica el rol de referentes afectivos, porque la Convención Internacional y la normativa nacional cambió la idea de familia, que se extiende a lo comunitario y puede ser desde un docente el referente afectivo, hasta una vecina, una prima lejana…Nunca y en ningún caso se puede reemplazar el consentimiento de la niña. Es un salto cualitativo que marca este Protocolo, clave para respaldar el accionar de los profesionales de salud. El Protocolo considera la autonomía progresiva de la niña, de trece a dieciséis años pueden consentir, salvo que haya un riesgo importante para su vida en la intervención, donde ahí tiene que haber pruebas médicas, estudios y de nuevo, nunca se reemplaza su consentimiento. 

—¿Creés que 2020 es el año para que sea ley el aborto legal, seguro y gratuito?

—El presidente lo dijo. Estuve con él en la presentación del libro Somos Belén (de Ana Correa). Me parece importante destacar dos aspectos: la implementación del Protocolo y de servicios que estén en condiciones de brindar lo que hoy marca la ley es como la responsabilidad fundamental de todas las áreas de salud, nacional, provincial y municipal. Eso genera las mejores condiciones para garantizar derechos, y nos permite estar en un proceso de ampliación. Mientras tanto, la sociedad ya marcó que este es un debate que está presente y que el año que viene en algún momento se va a tratar en el ámbito legislativo. 

Escrito por

www.lanotatucuman.com

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