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Tras el anuncio del flamante ministro de salud, Ginés González García, se publicó el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazos previsto desde 1921.
El Gobierno Nacional oficializó este viernes, a través del Boletín Oficial ,la actualización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) previsto en los casos de aborto legal previstos desde 1921 en la legislación argentina.
La resolución 1/2019 establece que el protocolo “tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad” en el caso de abortos no punibles y siguiendo la linea de “garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan”.
Los puntos principales:
- Todos/as los/las profesionales de la salud deben brindar información y orientación a las personas amparadas por el derecho a la interrupción legal del embarazo.
- En casos de que el embarazo haya sido producto de una violación, sólo debe presentarse una declaración jurada en la que la paciente exprese haber sido víctima de un hecho de ese tipo. No es necesaria la denuncia.
- Para realizar la interrupción del embarazo, debe proceder el misoprostol (incluida la provisión de la medicación y las indicaciones de uso) o la AMEU (aspiración manual endouterina), de acuerdo a lo que evalúe el médico en cada caso en particular: puede ser un tratamiento ambulatorio o con internación.
- Un profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero haberlo declarado y notificado previamente a las autoridades pertinentes, para evitar la obstrucción a la salud. Pero no podrá ejercerla si no existiera un/a profesional disponible para la realizar la práctica de forma oportuna o cuando se trate de una emergencia y la ILE deba realizarse de forma urgente.
- La objeción de conciencia es individual, pero no es Institucional.
Presentación y conferencia
En la tarde de ayer, el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada al ministro de Salud, Ginés González García, y a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con quienes dialogó sobre el nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
En la conferencia de prensa posterior, el ministro de Salud explicó que este protocolo “tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas, siguiendo cánones internacionales como la Organización Mundial de la Salud”.
En tanto, busca de esa forma garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender a la población, y llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan basándose en la legislación vigente.
“Con este protocolo damos un instrumento sanitario par que se cumpla con la ley y proteger a las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”, explicó González García.
Por último, el ministro de Salud señaló además que “somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley”.
Las provincias
En declaraciones anteriores, González García habló sobre la adhesión de las provincias al nuevo protocolo: “si las provincias quieren adoptar o no un protocolo eso va a ser un tema de las provincias” pero esta aclaró que “el que no quiere protocolo, no quiere que se cumpla la ley”.
Es por esto que para la próxima semana convocará a los ministros de salud para consensuar un avance en la materia. “Busco que no sea una confrontación sino la adecuación a una norma que tiene que ver con cumplir las leyes en Argentina”.
A penas se conoció la noticia la ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, dijo que adherirá al protocolo. También lo hizo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan.
En cuanto a Tucumán, la provincia que tiene dos médicos imputados por practicar una ILE, aún no se pronunció el ministerio de Salud que tiene a cargo a Rossana Chahla.
