Ministros de Desarrollo Social de seis provincias elaboraron un documento donde dejan de manifiesto la crítica situación social que se vive en el país a consecuencia de la política económica.
Un grupo de ministros de Desarrollo Social de seis provincias elaboraron un documento donde piden, entre otras cuestiones, la declaración de la Emergencia Alimentaria Nacional. Es un manifiesto ante la crítica situación social que se vive en el país a consecuencia de la política económica, afirmaron de acuerdo al cuadro de situación que debatieron.
El encuentro tuco como objetivos elaborar un diagnóstico y proponer políticas que den cuenta de la emergencia social. Fueron parte de la actividad las provincias de Tucumán, La Rioja, San Juan, Salta, Santa Cruz y La Pampa, con sus respectivos ministros del área, Gabriel Yedlin, Griselda Herrera, Arnaldo Sánchez, Paola Vessvessian y Fernanda Alonso. Esta Liga se reúne desde 2016 de manera periódica.
Comparto acta de la reunión de la Liga de Ministros con Académicos. Estamos todos muy preocupados por la crisis Política Económica q repercute en lo Social @MDSTuc pic.twitter.com/WLbstNULwa
— Gabriel Yedlin (@gabiyedlin) 4 de septiembre de 2018
Yedlin aseguró que “la política económica ha fracasado” y que hay que “cambiar el rumbo”. Agregó que “los anuncios de ayer del Presidente han traído mas intranquilidad, los bonos de ayuda social que dice el gobierno que va a entregar, ya se lo gastó la gente porque tiene deudas en su barrio, en su pueblo”.
Del encuentro también participaron académicos para ofrecer un intercambio desde una perspectiva crítica, plural e interdisciplinaria para lo cual se convocó a Adriana Clemente (directora del Centro de Estudios de Ciudad de la UBA), Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social de la UCA), Matías Barroetaveña (director del Centro de Estudios Metropolitanos UMET/UNAJ/Unahur), Arnaldo Medina (vice rector de UNAJ) y Antonio Calicigno (secretario de Ciencia y Técnica del Municipio de La Matanza). También fueron parte del encuentro como expositores el diputado Daniel Arroyo y el economista y periodista de Página12 Alfredo Zaiat.
La agenda pública que fue acordada en el documento tiene las siguientes definiciones:
- “La crisis política y económica actual, tiene su evidente repercusión en la cuestión social. De cualquier manera, sostenemos nuestra postura, en que no son los Ministerios de Desarrollo Social los que “resuelven” estas situaciones, sino los Modelos Económicos (y su ejecución) los que redundan e impactan verdaderamente en la cotidianeidad de los/las argentinos/as”
- “Manifestamos nuestra preocupación por el ajuste que viene impulsando el gobierno nacional, que recae, sobretodo y con más impacto, en los sectores más vulnerables de la población”.
- “Los principales receptores de la demanda social, son las carteras a nuestro cargo. En este sentido, es necesario que todas las jurisdicciones puedan acceder a las mismas herramientas y programas sin discrecionalidad”.
- “En contextos como el actual, es menester que los Ministerios de Desarrollo Social propicien redes de contención y ejecuten el gasto social de modo contracíclico con niveles de institucionalidad que eviten mayores daños”.
Después de establecer este marco general, plantearon las siguientes líneas programáticas:
- “Reincidir en el pedido a las autoridades nacionales del Ministerio de Desarrollo Social, en la necesidad de conformar e instituir una Mesa Nacional de Ministros de Desarrollo Social que redunde en Políticas Sociales más federales e inclusivas. En este sentido, también que participen de la Ley Mesa de Emergencia Social”.
- “Manifestamos nuestra preocupación sobre la Asignación Presupuestaria destinada a las áreas sociales, fundamentalmente la Seguridad Alimentaria”.
- “Ante la pérdida de la Seguridad Alimentaria y la heterogénea situación de las provincias para compensar esa situación con recursos propios, se solicita que el Congreso de la Nación y el Ejecutivo Nacional sancionen y promulguen, respectivamente, la Emergencia Alimentaria Nacional”.
- “Instrumentar la actualización y sostenibilidad de los programas de transferencia monetaria para la protección y subsistencia de millones de familias vulnerables”.
