El vaciamiento de Télam: La información como mercancía

El vaciamiento de Télam no solo deja a 356 trabajadores de prensa en la calle, también representa una grave lesión para la democracia. 


El día de ayer, jueves 5 de julio, miles de personas marcharon en Capital Federal para pedir la reincorporación de 357 empleados despedidos recientemente de la agencia estatal de noticias Télam. Hernán Lombardi, responsable último de estos hechos, en comunicación radial con Nelson Castro en su programa La Mirada Despierta por radio Continental dijo que los despidos eran “un hecho doloroso” pero que estaban “defendiendo lo público”. Lombardi, como titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos públicos, precisamente debe velar por el crecimiento de aquellos espacios de comunicación estatales.

Al continuar explicando los motivos de los despidos del 40% de trabajadores de prensa lo expresó argumentando como si se tratara de cualquier empresa privada  “Tenemos que hacer una empresa sustentable, que tiene solamente el 4 por ciento de sus ingresos que no provienen del Estado nacional. El kirchnerismo, irresponsablemente, duplicó la planta, el directorio de Télam hizo una propuesta y nosotros la aprobamos”.

Con un razonamiento engañoso, desconociendo el sentido profundamente democrático de una agencia estatal de noticias, y utilizando una vez más al kirchnerismo como chivo expiatorio justicia el deterioro de lo público en favor de intereses económicos privados.

Entender a la comunicación como un derecho en Argentina se debe a profundos debates democráticos que vivimos durante varios años. Supimos construir como sociedad la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y promover las multiplicaciones de voces en los medios de comunicación.  Es por esta historia reciente que el vaciamiento de Télam no solo deja a 356 trabajadores de prensa en la calle, sino que representa una grave lesión a nuestra democracia, porque acallar voces nunca puede ser visto como “defender lo público”.

La comunicación como  derecho humano

La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual representó un ejercicio de ciudadanía sin igual. En el año 2004, más de 300 organizaciones sociales participaron de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Desde estos 21 puntos, hasta el proyecto de ley que se aprobó en el año 2009, se realizaron 24 foros que nuclearon a 10 mil personas a lo largo y ancho de nuestro país y se propusieron 120 modificaciones. La disputa entre el entonces gobierno nacional y el Grupo Clarín invisivilizó en el imaginario social la pluralidad de voces y de temas que la nueva ley venía a proponer.

Para recordar la importancia de aquellos debates sobre los medios de comunicación, resulta conveniente resaltar, siguiendo a la investigadora  María Paula Saffon, que la percepción y construcción de la comunicación como derecho fue y es aún un trabajo inacabado. Las legislaciones internacionales han avanzado en ese sentido, pero todavía el derecho comunicacional es un derecho emergente, la disputa por afianzar esta concepción conforma uno de los objetivos generales de todas aquellas personas que hallan que la realidad social y política del siglo XXI se encuentra fuertemente relacionada con los modos de representación que se promueven en los distintos medios de comunicación.

Lo que pasa en los medios importa, y es difícil medir cuantitativamente el impacto de lo que se dice, pero si podemos intuir que lo que se reproduce en los medios durante una semana, se hace “realidad” para muchos ciudadanos.

Ahora bien, no es una novedad que no todas las voces ni todos los medios tienen la misma capacidad de reproducir sus representaciones, los medios hegemónicos suelen detentar la enorme capacidad de conformar sentidos, de dar forma a los significantes vacíos de “opinión pública” y “sentido común”. Es por este punto, por la capacidad que tienen los medios de comunicación de generar sentidos que se instauran como lo común o lo normal en la esfera social, que la defensa por los espacios de comunicación estatal debe ser llevada a cabo por todas las personas que quieren una democracia mejor en Argentina.

En el año 2010, en Porto Alegre,  profesionales de la comunicación, académicos y estudiantes  de Latinoamérica y el caribe, aunaron reflexiones sobre la importancia que los Estados garanticen ciudadanía comunicacional. En la exposición de las conclusiones, el comunicador argentino Washington Uranga sentenció: “no hay democracia política sin democracia comunicacional”.[2]

Miles de personas de todas las preferencias ideológicas entendieron con la ley de medios que la comunicación debía ser entendida como un derecho y no estar regulada exclusivamente por las leyes del mercado. La actividad de los servicios de comunicación deben garantizar el derecho humano a la comunicación.

El 10 de diciembre del 2015 el presidente Macri modificó la ley de medios mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia (decretos 13, 236 y 267) y nombró a Lombardi como el encargado de administrar televisión, radio y agencia de noticias estatales. En poco tiempo se pudo apreciar el interés por quitar el federalismo comunicacional que estos espacios públicos promovían. La estigmatización que, desde el gobierno nacional se emplea sobre los empleados públicos, responde a la decisión política de realizar despidos que no conmuevan a la opinión pública.

“Ser kirchnerista”, “ser ñoqui” y “empleado público” son sinónimos para los funcionarios del gobierno nacional, y las corporaciones mediáticas repiten hasta el cansancio cada vez que toca hablar de las personas que dejan sin trabajo. Mediante la construcción mediática de estas representaciones se vulnera la incipiente ciudadanía comunicacional.

Silenciamiento Federal

Desde La Nota dialogamos con dos periodistas despedidos de Télam. Eduardo Emilio Rapetti Salik trabajó como reportero gráfico de Télam en la provincia de Santiago del Estero. El día jueves 28 de junio recibió un telegrama de despido sin ninguna justificación. En 4 líneas le informaron que debido a una reestructuración de la empresa se quedaba sin trabajo. Sofía Romera Zanoli es periodista,  trabajó como corresponsal en la provincia de Tucumán los últimos seis años, su labor consistía en cubrir todas las secciones que fueran necesarias y realizó cobertura de juicios históricos  para la provincia y el país.

En estos días ambos viajaron a Capital Federal, ayer asistieron a la marcha federal y se encuentran en estado de asamblea permanente. En diálogo telefónico comentaron:

Eduardo: “Hay varias corresponsalías del país, como el caso de Catamarca, Misiones, Formosa, han quedado sin fotógrafos, sin administración y sin redactores, es decir, ya no hay corresponsalía en esas provincias. En mi caso particular, formo parte del Circulo de la prensa de Santiago del Estero, soy dirigente gremial, por lo tanto, me corresponden los fueros hasta junio del 2020, acabo de inicial la denuncia por eso y ya está siguiendo su curso.

Sin duda esto viene dado desde la política que implementó este nefasto gobierno neoliberal, es una clara medida de disciplinamiento a los medios públicos. Porque no es solo con Agencia Nacional de Noticias, el año pasado despidieron a 21 trabajadores de Radio Nacional, y estoy muy seguro que vienen  despidos en la TV pública.

Lo que hizo el ministro Lombardi es un mamaracho, hablando del corte ideológico de los despedidos. Si uno revisa la Constitución Nacional y la ley de asociaciones sindicales, sabe que no pueden ejercer esta persecución ideológica. Violaron todo el marco legal existente. El director de la agencia, Rodolfo Pousa,  Carlos Villoldo, Lombardi y Macri son los responsable del desguace de una agencia que tiene más de 70 años en el país”.

Sofia: “Despidieron a personas de todas las edades, de todas las trayectorias. Personas que entraron hace  24 años a  Telam y que estaban a dos años de su jubilación, y también a personas que entraron hace 2 años, incluso personas que entraron hace 2 meses. Esto es un claro intento de vaciar la Agencia Federal de Noticias, quieren cerrarla.

Desde que asumió Macri muchas trabajadoras y trabajadores, que ingresamos a Telam durante el gobierno de Cristina Ferandez de Kirchner, teníamos miedo de ser despedidos, eso no pasó. Lo que si pasó fue un desinterés en la agencia. Cuando yo entré a trabajar teníamos un pedido permanente de visibilizar a los sectores más invisivilizados. Por ejemplo, por el día de la mujer, podíamos elegir notas para escribir y yo elegí hacerle una entrevista a una mujer víctima de violencia de género, que en el marco del programa Ellas Hacen pudo aprender carpintería, realizar trabajos en el comerdor del barrio y en la cooperativa, y finalmente salir de esta situación. Estas notas desde que asumió Pousá dejaron de tener importancia para la agencia.

No creo que estos despidos respondan solamente a despidos al kirchnerismo, este argumento es una venta de humo para la gente. Lo que buscan es aumentar la falta de empatía, para hacer creer que los despedidos son kirchneristas que no trabajan y cobran altos sueldos”.


 

La marcha federal contra los despidos en Télam fue multitudinaria. Las trabajadores y trabajadores de prensa continúan manteniendo la toma pacífica de los edificios de la agencia de noticias. El Gobierno Nacional continúa con el discurso estigmatizante hacia los trabajadores, los gremios y las protesta. Las comisiones de  Legislación del Trabajo, Comunicaciones e Informática y Libertad de Expresión de Diputados de la Nación citaron a Lombardi para que explique los motivos de los despidos, el ministro faltó a esa cita.

La organización continúa. Telam pudo resistir a los intentos de cierre de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, ojalá resista también al gobierno de Mauricio Macri. Cuando se busca reducir el Estado y aniquilar los bienes públicos, las primeras voces que necesitan callar son las de la prensa, para que nadie diga lo que están haciendo.

Desde la Nota acompañamos el pedido de reincorporación de los trabajadores e invitamos a todas las personas a seguir con diligencia lo que sucede con estos trabajadores. La información no puede ser solamente una mercancía en manos de empresas privadas, la realidad de cada provincia no debe ni puede ser callada. Por eso desde Tucumán también decimos #NoAlosDespidosEnTelam

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