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Tucumán

El Estado tucumano no garantiza los derechos de las niñas

Esta madrugada le practicaron una cesárea a ‘Lucía’ (nombre ficticio para resguardar su identidad) la niña de once años víctima de violación, que desde el primer momento pidió la Interrupción Legal del Embarazo. Cronología de una vulneración de derechos.

“¿Estás segura que querés matar a tu bebé?”, le preguntó Gustavo Vigliocco mientras le tocaba la panza a “Lucía”, la nena de 11 años embarazada producto de una violación. Vigliocco es el Secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de Tucumán, el segundo en orden jerárquico dentro del Ministerio de Salud. Fue él quien personalmente se encargó de realizar el seguimiento de Lucía desde el día que ingresó al Hospital del Este, el 31 de enero. Esa misma jornada, contrariando a lo que el funcionario declaró ante medios nacionales, Lucía avisó que no quería continuar con su embarazo y su madre firmó el consentimiento.

27 días después, a la madrugada y con sectores antiderecho acampando en la puerta del hospital, finalmente le realizaron una cesárea.

Para eso tuvieron que pasar muchas cosas: una nueva presentación de la madre en el Hospital para que se garantice la ILE de manera urgente, la niña sometida a ayuno durante todo el día sin la certeza de si sería sometida a la intervención, médicos que se negaban a realizar la ILE por ser objetores de conciencia.

Al mediodía, el Siprosa publicó un comunicado donde informaba que se avanzaría con la interrupción según establece el fallo F.A.L., pero agregaba al final que se procuraría salvar las dos vidas’.

Horas más tarde continuaron poniendo obstáculos para su realización: querían que la familia sea la encargada de buscar una institución que la reciba para practicarle la cesárea. Dos sanatorios privados se negaron.

Un equipo médico del sistema público de salud, pero externos al hospital del Este, fueron convocados y quienes realizaron la microcirugía. El hospital ni siquiera les proveyó de instrumentista.

La cesárea fue el método que usaron los médicos debido al estado de salud físico y mental en que se encontraba Lucía: presión alta, bajo peso y de contextura muy pequeña. Luego de la intervención, la familia informó que la niña ‘está más tranquila’.

“La paciente está en buen estado en general. A las 26 semanas el recién nacido tiene un 50% de probabilidad de vida. La interrupción se hizo a las 23 semanas y pesó 500 gramos”, declaró en Radio Nacional Cecilia Ousset, una de las ginecólogas que estuvo en el quirófano.

Cuando terminaron la intervención, los esperaban agentes del Ministerio Público Fiscal que les tomaron los datos a quienes estuvieron dentro del quirófano.

“El aparato estatal, con su dilación y manipulaciones, lleva a situaciones límite que revictimizan a la niña y repiten una y otra vez el ejercicio de la violencia”, denunciaron desde la Organización Andhes (Abogados y abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), una de las organizaciones que acompañó a la familia de Lucía en las presentaciones legales y el vínculo con el Siprosa.

Durante las tres semanas que duró este proceso, Lucía y su madre fueron sometidas a múltiples presiones, manipulaciones y mentiras por parte del Siprosa. En una entrevista radial, Vigliocco se refirió a que la nena quería continuar con el embarazo. Según consta en la causa judicial, la niña pidió en más de una oportunidad que quería interrumpir la gestación. “Quiero que me saquen esto que el viejo me puse adentro”, dijo.

En la misma entrevista expresó que lucía pesaba más de 50 kilogramos y que continuar con la gestación no representaba un peligro para ella, lo cual fue desmentido por la dra. Cecilia Ousset, quien fue una de los profesionales que realizó la práctica.

“Yo estoy encima de este embarazo hace un montón de tiempo en forma personal y tengo una cercanía muy estrecha con la mamá y la niña. Y la niña y la madre, sobre todo, quieren continuar con el embarazo. Por supuesto que evaluamos los riesgos médicos de continuar con el embarazo pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos y más de 1.50 (metros)”, declaró Vigliocco ante el programa radial Pasaron Cosas de Radio con Vos.

Directamente distorsionó la verdadera voluntad de la niña y ocultó los intentos de suicidios que tuvo, lo que daba cuenta que además del peligro para su salud física, también estaba en juego su salud mental.

Tan estrecha era su relación, que la familia creía que el funcionario era el médico de cabecera de la niña. Durante estas semanas, se encargó personalmente de hacer el seguimiento. Le llevaba regalos: le dio una tablet para que entretenga mientras estaba internada. También le llevó una muñeca. Lucía la agarró, la comenzó a peinar y, sin mediar palabra la tiró al piso. “No quiero saber nada con ningún bebé”, insistió.

Otra médica, Tatiana Obeid, colaboró a manipular a Lucía y su madre para que continúen con el embarazo. Obeid fue una de las firmantes de un informe médico que planteaba las complicaciones de realizarle una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sin tomar en cuenta la tortura que significaba continuar con la gestación. Ella le regaló un celular a Lucía.

Cuando la noticia fue publicada en Página/12, Vigliocco dejó de asistir al Hospital y a la madre de Lucía dejaron de darle almuerzo y cena como acompañante. Hasta ese momento, ella también era parte de las comidas diarias que el nosocomio le ofrecía a la niña. Otra vulneración más a la que sometieron a una familia con escasos recursos económicos para afrontar una situación así.

“Llamen a las de pañuelos verdes. Ellas nos van a ayudar”, clamó Lucía en su tercera semana internada, desesperada por no poder interrumpir su embarazo y así continuar con su vida de niña. Es que le dijeron que tendría que aguantar hasta el 8 de marzo, fecha en la que le prometieron que le realizarían una cesárea. A pesar de que Vigliocco le dijo el sexo del producto de su gestación, le quiso mostrar una ecografía y le insistió que lleve su embarazo hasta el final y luego ‘regale el bebé a alguna familia’, ella se mantuvo firme en su decisión.

Lucía lloraba, no podía separarse de su mamá en ningún momento y extrañaba a sus hermanos. Desde que ingresó al hospital, sus únicas salidas fueron al patio, con una tía y una prima. Tenía miedo de que su nombre se difunda, que le saquen fotos, que la televisión hable de ella. Era una niña con miedo. Y con una mamá muy temerosa y desconfiada de tantas mentiras a las que la sometieron el Siprosa y la Justicia provincial.

A pesar de todo esto, el equipo médico del Hospital del Este comenzó a inyectarle corticoides el 25 de febrero para acelerar la maduración del feto y adelantarse a las medidas judiciales o las órdenes que pudiese dictar el Siprosa presionado por el movimiento feminista. Sin embargo, a la madre de Lucía le mintieron: le informaron que era para una cirugía que le realizarían el 27 de febrero. No le dijeron más. Durante estas semanas, tuvo que procesar una cantidad de información para la que no estaba preparada. Con ese miedo operaron desde el Siprosa para obligar a la niña a continuar con un embarazo que no deseaba.


Lucía tiene 11 años. Fue violada una vez por el novio de su abuela y muchas veces más por un Estado que le impidió interrumpir su embarazo como estipula la ley desde 1921. Desde el Cladem (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), que junto a Andhes acompañó a la familia de Lucía, indicaron que van a tomar “medidas y acciones legales tanto a nivel nacional e internacional a fin de evitar la repetición de estos casos e identificar a los responsables de la tortura a la que fue sometida esta niña”.

El caso

El 29 de enero, el área operativa Garmendia, del noreste tucumano, informó a las autoridades del SIPROSA sobre el caso de una niña de 11 años que ingresó al sistema de salud con un embarazo producto de una violación.

El último día de enero, la nena llegó junto a su madre por primera vez al Hospital Eva Perón, ubicado en la Banda del Río Salí en las afueras de la capital de la provincia. Recorrió más de 100 kilómetros en la ambulancia desde la comuna Siete de abril. Allí le hicieron una ecografía que marcó 20 semanas de gestación. Lucía denunció que había sido abusada por la pareja de su abuela, que por estos hechos enfrenta una causa penal en la Fiscalía a cargo de María del Carmen Reuter.

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