Le practicaron una cesárea a la niña tucumana de 11 años violada por la pareja de su abuela, luego de que el SIPROSA demorara casi un mes la intervención. La niña se encuentra en buen estado de salud.
Esta madrugada se le realizó una microcesárea de urgencia a Lucía, la niña de 11 años que ingresó al Sistema Provincial de Salud cursando un embarazo forzado, producto de una violación. Según declararon los profesionales de la salud que intervinieron, el avanzado embarazo, sumado al estado de salud de la nena, obligaron a que se realice la práctica por “vía superior”.
Los hechos
Hace 29 días la niña esperaba, acompaña por su familia, que el Estado garantizara su derecho. El caso se configuraba dentro de las causales que contempla el Código Penal argentino, donde el aborto es legal. Tanto porque la gestación era producto de una violación (art. 86, inc. 2), y porque su vida y salud estaban en peligro (art. 86, inc. 1).
Desde las organizaciones feministas denunciaron que la niña no recibió la atención adecuada, atravesando un largo camino de torturas y vulneraciones a sus derechos por parte del sistema de salud, lo que llevó a este desenlace.
Desde el Ejecutivo provincial publicaron un comunicado horas antes de que se realice la práctica expresando que se cumpliría con el fallo FAL, que exige que no se judicialicen estos casos, pero también aclarando que se procuraría “salvar las dos vidas”.
El fallo FAL expresa en el considerando 25 de la sentencia: “Es el Estado, como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación (…) de poner a disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médicoburocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama”.
Vulneración de derechos
“Desde un primer momento no se escuchó ni respetó la clara voluntad de la niña de interrumpir el embarazo en curso; no se consideró el consentimiento informado de la adulta acompañante, además de asustarlas, engañarlas, perseguirlas, amendentrarlas judicialmente, y castigarlas”, expresaron desde Cladem y Andhes, quienes presentaron un Amicus curiae, instando al Poder Judicial a que obligue al Estado a contemplar los estándares mínimos de protección de Derechos Humanos para Niñas, Niños y Adolescentes y observar los estándares internacionales de derechos humanos que establecen que obligar a las niñas, jóvenes y mujeres a llevar a término un embarazo producto de una agresión sexual, viola de manera directa la integridad personal, social, sexual y existencial de las víctimas, así como los derechos a la autonomía reproductiva.
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La niña paso por ocho entrevistas, ocho momentos de contar lo que había sucedido, contrariando cualquier protocolo de atención a víctimas de abuso. En más de una oportunidad, tanto en sede judicial como en el hospital, expresó que no quería continuar el embarazo.
Desde las organizaciones también señalaron que amedrentaron a la madre, amenazándola con quitarle la tutela de su hija.
Cecilia Ousset, una de las médicas que intervino, contó en Radio Nacional que al ingresar al quirófano todos los profesionales se declararon objetores de conciencia, desde el anastesista hasta el instrumentista. Sumado a ello, personal del Ministerio Público Fiscal se hizo presente para tomarles los datos a ella y a su marido, otro médico que intervino en la práctica.
“El responsable de que llegue a esa instancia es el gobierno y el sistema de Salud de Tucumán. Lo que hicieron los médicos en ese momento tenía que ver con la demora de un mes que provocaron funcionarios del Estado. La nena ahora está bien. La familia comunica que está contenta”, expresó una fuente cercana.
Diferentes medios de comunicación intentaron comunicarse con Rossana Chahla, ministra de Salud; Gustavo Vigliocco, titular del Siprosa y Elizabeth Ávila, directora del Hospital del Este, pero aún no brindaron declaraciones a la prensa.
Mientras tanto, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, viralizó un audio llamando a ser “custodios” del feto producto de la violación, violando la confidencialidad de la paciente menor de edad, quien además es víctima de un delito de abuso sexual, exponiendo su nombre.
