El presidente de Cataluña pretende declarar hoy de forma unilateral la secesión de España, pero se enfrenta a un amplio sector que exige diálogo y a duras ofensivas por parte del gobierno de Rajoy, que afirmó que hara caer todo el peso de la ley.
MADRID.- A pesar de la gran presión política, económica y social para que reconsidere su actitud, el gobierno de Carles Puigdemont se prepara para declarar esta tarde la independencia de Cataluña y enfrentar una reacción fulminante por parte de las autoridades españolas.
El choque institucional más grande en 40 años de democracia
La víspera del choque institucional más grande en 40 años de democracia en España estuvo marcada por las graves advertencias del gobierno central sobre la respuesta que dará al anuncio de una secesión unilateral y por la imparable fuga de grandes empresas desde Cataluña hacia otras regiones.
Exabruptos aparte, la posibilidad de que Puigdemont y su gente terminen en prisión no es algo impensable. Declarar la independencia de una parte del país está tipificado en el Código Penal como rebelión, un delito con penas de entre 15 y 25 años de cárcel. El problema para Rajoy es cómo haría para ejecutar medidas extremas en una Cataluña muy movilizada y con agrupaciones cívicas que llaman a la gente a la resistencia pacífica.
El gobierno central mantiene en Cataluña 10.000 policías antidisturbios desplazados especialmente por la crisis.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió ayer que la Policía Nacional asumiera el control de su sede, en Barcelona, por temor de que intenten tomarlo y los Mossos d’Esquadra, la fuerza autonómica, se nieguen a impedirlo.
Rajoy se garantizó el respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la batalla que se avecina. “Apoyaremos la respuesta del Estado de Derecho si se quiebran la Constitución y la convivencia”, afirmó ayer el líder opositor Pedro Sánchez, después de varios días de silencio. Hizo un último llamado desesperado a Puigdemont para que “frene antes del abismo”.
El mundo empresarial aumentaba la presión. La lista de compañías que mudarán su sede social para ponerse a resguardo del conflicto se hacía imparable: Planeta, Codorníu, Abertis, Cellnex, MRW, Freixenet, Aguas de Barcelona.
El último llamado a la cordura partió de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, simpatizante a distancia de las tesis independentistas. Compareció anoche para pedirle al gobierno de la Generalitat que “no tome ninguna decisión que pueda dinamitar la posibilidad de un espacio de diálogo”. En su visión, el referéndum del 1º de octubre no puede ser un aval para la independencia.
Pero Puigdemont y sus aliados insisten en que esa consulta, celebrada en medio de represión policial y con el sistema informático caído, resultó vinculante y es un mandato claro para proclamar la república catalana. Votaron aquel día, según los datos oficiales, 2,3 millones de personas (43% del padrón).
Nadie de su gobierno hizo mención a la otra parte de catalanes que rechaza la independencia, muchos de los cuales se hicieron oír por primera vez de manera contundente en la manifestación masiva que recorrió Barcelona con el lema “Basta. Recuperemos la sensatez”.
Los tres partidos que mantienen el desafío (ERC, PdeCAT y la CUP) anunciaron ayer que boicotearán unas hipotéticas elecciones autonómicas en Cataluña que pudieran ser convocadas después de una suspensión del autogobierno dispuesta desde Madrid.
