Cada 48 horas una empresa pide preventivo de crisis

Las cifras oficiales del Ministerio de Producción y Trabajo marcan que cada 48 horas una empresa pide procedimiento preventivo de crisis. Es uno de los rasgos más claros de la crisis industrial. En 2018 fueron 108 las empresas que lo solicitaron.

La solicitud de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) es, tal vez, la más cruda expresión del brutal golpe que están sintiendo las firmas en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país. Sólo en las últimas horas se conoció que Alfajores Balcarce presentó los papeles para peticionarlo y se anotó en una larga lista.

Según las cifras oficiales que dio a conocer el propio Ministerio de Producción y Trabajo, en lo que va del año se registran 68 pedidos de PPC, de los cuales 46 se encuentran en trámite, 10 culminaron sin acuerdo, 7 finalizaron con acuerdo y 5 fueron desistidos o archivados.

Se trata de exactamente un caso cada 48 horas en lo que va de 2019 y se encamina a disputarle el récord reciente que sostiene esta misma crisis con 108 empresas en esa situación a lo largo del turbulento 2018.

Algunas de las empresas que solicitaron el procedimiento fueron la cadena de electrodomésticos Ribeiro, la embotelladora Coca Cola-Femsa, la editorial Atlántida, la aerolínea Avianca, la fabricante de neumáticos FATE, entre otras. En Tucumán, el supermercado Luque comenzó ese trámite en junio debido a la baja de las ventas.

Según un trabajo realizado por el Centro CEPA con datos de la propia Secretaría de Trabajo de la Nación, entre 2016 y 2018 se presentaron a proceso preventivo de crisis 246 empresas, siendo solamente 108 los casos en 2018, el valor más alto desde 2005.

Proceso preventivo de crisis: ¿Qué es?

Según explicó el abogado Enrique Caviglia, especialista laboral de Arizmendi en una nota en Iprofesional, en las sociedades modernas el nivel de empleo está vinculado con el desarrollo de la actividad económica. Ante un contexto recesivo, las empresas, para perdurar y proseguir su actividad deben adaptarse a la situación y tomar las medidas más adecuadas para lograrlo. Es posible que ante la disminución de la producción decidan la suspensión o cese de la actividad de algún o de algunos establecimientos o sectores.

Estas medidas, que pueden implicar suspensiones o despidos del personal, no afectan solamente a las relaciones laborales de determinadas personas, sino que cuando abarcan a una pluralidad de trabajadores, tienen una repercusión social en la comunidad, que puede afectar la paz social.

Por ello, cuando una empresa decide suspender o despedir a una determinada cantidad de trabajadores por ciertas causas, nuestra legislación impone que antes de concretar esas medidas de afectación del empleo, deba cumplirse con el procedimiento preventivo de crisis de empresas.

La Ley 24013 establece que previamente a la comunicación de despidos o suspensiones por fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores, a más del 10% en empresas de 400 a 1000 trabajadores, y a más del 5% en empresas de más 1000 trabajadores, se deberá sustanciar el procedimiento preventivo de crisis de empresas (artículo 98). El empleador deberá solicitar la iniciación del procedimiento al Ministerio de Trabajo (actualmente Ministerio de Producción y Trabajo).

Artículo 98: con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1000 trabajadores, deberá sustanciarse el Procedimiento Preventivo de Crisis previsto en este capítulo.

La finalidad del procedimiento es brindar a las partes la posibilidad de negociar para encontrar alternativas válidas que permitan mantener la fuente de trabajo o disminuir la cantidad de trabajadores que resulten afectados por las medidas, acotando las consecuencias para preservar en lo posible la conservación del empleo.

(con información de Infogremiales)

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