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Identificaron al policía que roció con gas pimienta a un jubilado
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Identificaron al policía que roció con gas pimienta a un jubilado

El episodio ocurrió el 18 de diciembre durante la marcha contra la reforma previsional, que terminó en represión. Organizaciones sociales piden la libertad de César Arakaki, militante del Partido Obrero, quienes se encuentra detenido desde el 29 de diciembre. Aseguran que no se han demostrado “los cargos que se le imputan”. 

Fue una de las imágenes que más circularon tras la represión frente al Congreso Nacional durante la marcha contra la reforma previsional: un jubilado, solo y parado contra una pared, es rociado con gas pimienta en reiteradas ocasiones desde escasos centímetros de distancia por un agente que no estaba siendo agredido y estaba rodeado por otros efectivos. Tres semanas después, la Policía de la Ciudad finalmente identificó al oficial en cuestión. Será indagado en los próximos días.

El efectivo policial en cuestión es Alfredo Martín Luna, un integrante de la División Intervenciones Urbanas de la Policía de la Ciudad.

Luna no es el único miembro de las fuerzas de seguridad investigado judicialmente tras la represión. En las últimas semanas, Torres ordenó la detención del agente de la Policía Federal Dante Barisone, por atropellar intencionalmente con su moto a un joven cartonero que estaba tirado en el piso y debió ser hospitalizado. 

Criminalizar la protesta social

También el juez Torres había dispuesto la detención de los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Lucas Saureti

Sauret fue liberado luego de prestar declaración ya que ni siquiera había concurrido a la movilización contra la Reforma Previsional por encontrarse trabajando en ese momento, mientras que Arakaki está detenido en el penal de Marcos Paz desde la tarde del 29 de diciembre bajo la figura de prisión preventiva, pese a que se presentó voluntariamente al juzgado, y acusando de “resistencia a la autoridad e intimidación pública”. 

Organizaciones sociales se sumaron a la campaña por la liberación de César, que hasta ahora incluyó una movilización a los tribunales de Comodoro Py el día en el que los militantes prestaron declaración y un petitorio al cual ya adhirieron numerosas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos.

Al reclamo por la liberación de César se sumó también la Asociación Argentinas de Actores, organización que nuclea a actores y actrices de todo el país. 

La organización gremial asegura que no se han demostrado “los cargos que se le imputan” ni existe peligro de fuga, ya que “se presentó espontáneamente a la Justicia al conocer la existencia de su orden de captura”.

El texto, dirigido directamente al juez Torres, sostiene que con esta decisión “se lesiona el estado de derecho que debe primar en una sociedad democrática y se distorsiona el rol que la Justicia”.

 

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